Esto tiene una parte positiva porque la justicia no depende de quién tenga mayorías legislativas ni de quién —en el Congreso— quiera fregar a quién. Sin embargo, la parte negativa es que donde ahora se resuelven los asuntos las cosas pasan con mucha más opacidad y, ante la novedad de los procesos, medios de comunicación y ciudadanos en general no tienen claro de a quién exigirle qué y cuándo.
Y para añadir más complicaciones al asunto, con las decisiones que ha tomado el Osafig sobre el formato de los informes y de testarlos para que no aparezcan datos personales de los presuntos responsables de las irregularidades, su lectura y entendimiento es mucho más complejo que en el pasado. Pero eso es lo que hay, eso es lo que marca la ley y a quien no le guste, pues que lo exprese y que proponga cambiarlo.
Se tienen ya algunos meses con cierto equilibrio, sin embargo es anticipable que conforme avance el segundo año, las consideraciones político-electorales comenzarán a pesar cada vez más para las decisiones estrictamente legislativas y para la conformación de los grupos parlamentarios. Nadie se llame a sorpresa si los que hasta ahora fueron aliados mañana son enemigos, y los hoy enemigos terminan ‘de piquete de ombligo’.
Entre más avance el año, muchos querrán brincar a las marcas partidistas que más valor tienen —léase Morena— o ya por descarte, a los colores en los que les aseguren la candidatura deseada. Muchos también querrán sumarse a los grupos políticos que se calcule que llevarán mano para la definición de las candidaturas. Y muchos de los hoy participantes son nuevos, pero la política siempre es igual.