7 claves que los diputados debieron considerar sobre la nueva Zona Militar

Aunque el Congreso de Colima aprobó por unanimidad donar los terrenos para la nueva XX Zona Militar, la oposición se ha manifestado recientemente en contra de esa propuesta del gobierno estatal, al afirmar que no se les informó a cabalidad los términos del acuerdo.

El 12 de febrero, los diputados locales avalaron la iniciativa del gobernador Ignacio Peralta para desincorporar 63 hectáreas del Patrimonio Inmobiliario del estado, con la intención de reubicar las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) —actualmente en la Calzada Galván, en la zona centro de Colima capital—, operación que posteriormente criticaron candidatos del Frente PAN-PRD, al señalar supuestas irregularidades.

Luis Ladino, abanderado de Acción Nacional a senador, y Martha Zepeda, aspirante a diputada por el Sol Azteca, presentaron la semana pasada una denuncia para que dicha adquisición sea investigada por autoridades federales.

El dictamen votado a favor por los 25 integrantes del Legislativo local la información que debió haber sido tomada en consideración para su aval. A continuación destacamos 7 puntos clave:

1.- El documento aclara que fue la Sedena, a través del general de brigada Celestino Ávila Astudillo, quien solicitó el apoyo del gobierno estatal para que adquiriera y posteriormente cediera a la dependencia federal un terreno de 63 hectáreas en el Ejido de Piscila —en la carretera hacia Manzanillo— para construir ahí la nueva sede castrense, fuera de la mancha urbana.

2.- Se aclara que, debido a que el predio se encuentra fuera de la zona urbana, se cumple con el artículo 37, fracción III del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, relativo a que en zonas rurales es viable el establecimiento de instalaciones militares y cuarteles.

3.- Se manifiesta que el terreno está ubicado en el kilómetro 7 de la autopista Colima-Manzanillo, al sur de la localidad de Loma de Fátima, perteneciente al municipio de Colima.

4.- También detalla la ubicación, clave catastral, el número de parcela, las características, el ejido al que pertenecen y la superficie de cada uno de los cuatro inmuebles que fueron adquiridos y que conforman las 63 hectáreas referidas.

5.- La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Seidur) realizó una revisión del plano de ubicación del inmueble y no encontró inconvenientes técnicos en que se destinen los predios a la actividad solicitada.

6.- Los diputados de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo Urbano y Vivienda, consideraron viable la donación de los terrenos a la Sedena, una vez realizado el estudio y determinada la competencia. El dictamen fue firmado por los legisladores independientes Nicolás Contreras y Luis Ayala; los panistas Riult Rivera y Julia Jiménez; Joel Padilla, del PT, y los priistas Eusebio Mesina, Santiago Chávez y Federico Rangel.

7.- El tercer artículo del Decreto establece que, en caso de que la Sedena no cumpliera a cabalidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato, operará una reversión en favor del gobierno estatal “con todos los accesorios y obras que en dichos inmuebles se haya realizado”.