Sociedad civil expone ‘rosario de quejas’ por designaciones de Nacho

Representantes de la sociedad civil organizada manifestaron su inconformidad con el gobernador Ignacio Peralta por los recientes nombramientos en materia de justicia, transparencia y combate a la corrupción.

Integrantes de seis organizaciones de la sociedad civil emitieron un mensaje este miércoles en la explanada del Congreso del Estado, en el que señalaron que el Ejecutivo los ignoró en el proceso de los recientes nombramientos de los tres integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y un comisionado de Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Colima (Infocol).

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Rodrigo Marmolejo y Carlos Maldonado Villaverde, del Comité de Participación Ciudadana (CPC); Efraín Naranjo, del Comité de Derechos Humanos de Colima; Sergio Ochoa, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública (CCSP); Guillermo Gómez, de ‘¿Cómo Vamos? Colima’; y Roberto Chapula Rincón, de la asociación académica de abogados independientes; expusieron sus razones para estar contra los nombramientos y se quejaron de las autoridades que han simulado escucharlos, pero los han ignorado.

El primero en hacer uso de la voz fue el presidente del CPC, quien señaló de que de los cinco integrantes de esa organización, únicamente dos han estado al pie del cañón denunciando irregularidades en dichos nombramientos.

También manifestó su descontento hacia la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE), pues aseguró que se reunieron durante 30 días para intentar poner una acción de inconstitucionalidad, y aunque el ombudsman local, Hermilo Flores, se mostró solidario y a favor de esa acción, eventualmente dejó de responder las llamadas, hasta que se venció el plazo.

“Sostuvimos varias reuniones en las que el doctor Hermilo estaba a favor de esa acción. Lamentablemente no interpuso ningún recurso, luego dejó de tomarnos las llamadas, se fue acercando el plazo y el último día nunca lo encontramos, por lo tanto esa acción nunca se presentó”, detalló.

Precisó que tuvieron varias reuniones con el gobernador Ignacio Peralta y con el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, para hacerles ver que la designación del nuevo fiscal anticorrupción por “dedazo” se anteponía a las recomendaciones internacionales en materia de combate a la corrupción, y aunque los funcionarios manifestaron su aprobación, no tomaron en cuenta su petición.

“Queríamos hacerles ver que a pesar de lo estipulado en la ley, la cual contradice las recomendaciones internacionales sobre que debe ser un proceso público y transparente en las designaciones de comisionados y fiscales, y a pesar de que los dos se manifestaron a favor, las designaciones se hicieron sin tomar en cuenta las recomendaciones”, añadió.

Maldonado Villaverde, integrante del CPC, aclaró que no pretenden cuestionar a las personas que fueron seleccionadas para ocupar esos cargos, sino por el mecanismo por el que fueron nombrados, y pidió que para el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción se busque a alguien que cuente con los méritos y aptitudes necesarias para realizar tal tarea.

“Nosotros le propusimos el acompañamiento de la sociedad, si el proceso es público, cualquier persona que reúna los méritos puede presentar su opción, si la sociedad civil puede hacer recomendaciones, entonces tendríamos una buena selección y no se tiene que cambiar la ley”, señaló.

Naranjo, representante del Comité de Derechos Humanos de Colima, consideró que el procedimiento fue autoritario, por “dedazo” e hizo falta tomar en cuenta méritos, perfiles y resultados positivos.

“Aquí nosotros estamos inconformes por un procedimiento que es autoritario, de dedazo, falta que la sociedad civil esté como nosotros, dando la cara. Estamos en contra de que no se estén tomando en cuenta méritos, ni perfiles, ni resultados positivos”, manifestó.

Ochoa, presidente del CCSP, pidió que el mandatario estatal tenga voluntad política, que los funcionarios hagan “lo que la ciudadanía pide”, y dejó en claro que lo que buscan no es nombrar ellos mismos al fiscal anticorrupción, sino acompañar al gobernador en ese proceso que debería ser transparente.

“Nadie quiere nombrar al fiscal en lugar del gobernador. No queremos que nadie más lo nombre, lo tiene que nombrar el gobernador, pero la ley no le impide al gobernador transparentar ese procedimiento de cara a la sociedad”, mencionó.

Gómez, presidente del comité ciudadano ‘¿Cómo vamos? Colima‘, manifestó su solidaridad con los grupos de la sociedad civil que reclaman los nombramientos recientes e hizo un llamado al mandatario estatal para que se trabaje para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción.

Chapula Rincón, presidente de la asociación académica de abogados independientes, destacó que algunas personas ya están buscando impugnar el nombramiento de Andrés García Noriega, Yarazeth Villalpando y Juan Manuel Figueroa como integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, el de Mario de la Madrid como magistrado del STJE y el de Francisco Yáñez Centeno como comisionado del Infocol.

“Nosotros ya presentamos una acción de inconstitucionalidad por considerar que uno de los nombrados fue juez y parte a la vez. Los nombramientos en sí lo están haciendo personas en lo individual. En el Infocol lo están haciendo personas con interés legitimo que participaron y no fueron tomados en cuenta”, destacó.