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Política

MAM recibe inhabilitación por 14 años y multa por 515 mdp por desvíos

El exgobernador de Colima, Mario Anguiano, fue sancionado con una inhabilitación por 14 años para ejercer cargos públicos municipales y estatales, así como una multa por 515 millones 174 mil 928 pesos, luego de que el Congreso del estado aprobó el dictamen de resolución de la revisión excepcional realizada a la administración anterior, señalada de actos de corrupción.

La resolución, avalada este jueves en el Pleno del Legislativo colimense, modificó las conclusiones presentadas por el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) tras fiscalizar al gobierno de Anguiano (2009-2015), al determinar que el exmandatario y dos altos funcionarios de su gabinete son responsables de los desvíos de recursos públicos, pero no otros tres subalternos que también fueron investigados en el expediente.

“No podemos pasar por alto que la responsabilidad del control, vigilancia y manejo de los recursos públicos estatales, recae directamente, en el Representante Constitucional del Estado, como máxima Autoridad Ejecutiva Estatal”, indica el dictamen, aprobado por 21 votos a favor y tres abstenciones.

El exsecretario de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la exsecretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos Fernández, también tuvieron penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos estatales y municipales, de cinco y cuatro años, respectivamente.

“Se trató de un servidor público de primer nivel, que protestó cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, y las leyes que de ella emanen, con nivel jerárquico que le garantizaba, en el momento de la ejecución de las acciones señaladas de ilegales, un ingreso decoroso”, agrega el dictamen.

El presidente de la Comisión de Responsabilidades, Riult Rivera, recordó que el asunto se encontraba ‘congelado’ porque el exgobernador contaba con una suspensión provisional, pero luego de que perdió el amparo pudieron efectuar la sanción.

“Tienen una finalidad de sentar precedentes que permitan ser acicate para que a futuro quienes se encuentran desempeñándose en la función pública puedan realizar las actividades de manera coherente, apegada a la legalidad y la normatividad”, dijo al presentar el dictamen ante el pleno de la cámara.


 Las irregularidades 

La investigación, que se centró determinar si los exservidores públicos habían distraído y/o permitido distraer dinero público de los fines establecidos por la ley, menciona el pago indebido de un crédito contratado el 8 de diciembre de 2014 a través de los ingresos de otro préstamo celebrado el 2 de enero siguiente, sin registrar dicho pasivo por 478 millones de pesos y sin la debida autorización del Congreso.

La fiscalización encontró que se pretendió simular su pago el 31 de diciembre de 2014 con la emisión de un cheque sin fondos, y que se registró como finalidad la compra de un predio que no se efectuó.

La auditoría detectó la presentación de información falsa al Congreso en una iniciativa del 10 de septiembre de 2015 para solicitar el reconocimiento de deuda, y el que la adquisición de la deuda pública fue para sufragar necesidades temporales de gasto corriente, cuando la ley indica que sólo se puede contratar empréstitos para inversión productiva o para refinanciamiento o reestructura de deuda pública.

De acuerdo con la indagatoria, el gobierno de Anguiano usó esos recursos prestados para conceptos de nómina, inversiones bancarias, pagos a municipios, impuestos, traspasos electrónicos, gasto corriente, adquisiciones, egresos sin comprobar, entre otros.

 Exonerados 

La revisión realizada por los diputados de la Comisión de Responsabilidades del Congreso estatal al dictamen excepcional entregado por el Osafig descartó sancionar a la exdirectora de Egresos, Adriana Elizabeth Vargas Valle; el exdirector de Presupuesto, Jorge Anguiano Olmos, y el excoordinador de Egresos y posteriormente director de Presupuesto, Ricardo Miguel Arteaga.

Los legisladores explicaron que la pesquisa no demuestra a cuánto ascienden los daños supuestamente causados con las conductas presuntamente atribuidas a cada uno de los observados.

Las sanciones aprobadas por el Legislativo derivan del informe de resultados de la auditoría excepcional que hizo el Osafig a los años 2013, 2014 y 2015 correspondientes al gobierno de Anguiano.

1 Comment

  1. Rogelio 28/09/2018

    Y por qué no irá a la carcel?
    Eso es un gravísimo delito, por eso lo siguen haciendo, acá se le puede mentir a los congresos y no pasa nada. País de jodidos!

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