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Política

5 claves sobre la nueva Ley de Pensiones, según su principal impulsor

El secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno de Colima —y uno de los principales impulsores de la Ley de Pensiones aprobada la semana pasada por el Congreso—, Kristian Meiners, explicó las condiciones de jubilación y el papel que jugará el Instituto de Pensiones a partir de la entrada en vigor del nuevo sistema en la materia, en enero de 2019.

El funcionario estatal afirmó que la importancia de la nueva legislación reside, principalmente, en que se privilegiará la certeza de que cada trabajador del servicio público (actual y futuro) podrá recibir una pensión y al mismo tiempo, estas no representarán una sobrecarga a las finanzas estatales.

“Los trabajadores deben de tener la certeza de que se está creando un Instituto que va a tener la fortaleza para pagar las pensiones de los trabajadores (…) Ahorita terminamos de construir acuerdos que se vieran reflejados en la Ley, ahora tenemos que dedicarnos a construir una institución fuerte, que cumpla con su mandato constitucional”, dijo a Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com en RadioLevy.

Meiners abundó que la administración estatal se tuvo que reunir en 81 ocasiones con los líderes del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) y de la fracción 39 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) para poder llegar a un acuerdo que pudiera dar luz verde a esa nueva Ley, misma que fue aprobada el jueves pasado por la LXIII Legislatura en el Congreso local.

A continuación te presentamos cinco claves sobre lo que detalló el secretario de Administración en torno a la nueva Ley de Pensiones.

 1.- Aplica sólo para burócratas, pero incumbe a todos 

Meiners consideró que si bien esta nueva ley únicamente tiene injerencia sobre los derechos laborales de aquellos que trabajen en el servicio público, si la administración gubernamental continuaba sobrecargada, en determinado momento tendría problemas para sacar adelante sus compromisos financieros.

“Si bien es dinero de los trabajadores de los diferentes entes gubernamentales, es interés de todos los colimenses que ese instituto cumpla con lo que está estipulado en la nueva ley, porque si no, no habrá dinero en los siguientes gobiernos de las siguientes administraciones para cumplir con mandatos principales, como la parte de la seguridad, de administración, etcétera”, indicó.

 2.- ¿Cómo afectará a los trabajadores? 

La nueva Ley de Pensiones concierne directamente a tres tipos de trabajadores: aquellos que ya están jubilados, la generación en transición —quienes están activos y a la expectativa de cumplir con ese derecho laboral— y las nuevas generaciones, quienes entren a la administración gubernamental a partir del 1 de enero de 2019. Para cada caso, la Ley de Pensiones actuará de manera específica:

  • Para quienes ya están jubilados no se generará ninguna modificación en sus derechos.
  • Para los trabajadores en activo con ocho años de antigüedad o menos, se les pedirá una edad mínima de jubilación de 56 años en el caso de los hombres y 55 para las mujeres.
  • Para los trabajadores con siete años de antigüedad o menos, se solicitará una edad mínima de jubilación de 57 años para los hombres y 56 para las mujeres.
  • En el caso de los trabajadores que entren a trabajar a partir del 1 de enero de 2019, deberán completar 35 años de antigüedad y 65 de edad, tanto para hombres como para mujeres.

“Los ajustes finos se dieron con los trabajadores que estaban por jubilarse y ahora tendrán que esperar otros 15 años. Se tuvo que tener la sensibilidad y llegar a un acuerdo”, añadió el funcionario.

 3.- Edad mínima, principal ‘jaloneo’ 

Meiners explicó que antes de esta nueva Ley no había una edad mínima de jubilación, sino que los trabajadores hombres debían cumplir 30 años de trabajo y las mujeres 28 para poder buscar su retiro, por lo que en muchas ocasiones los servidores públicos terminaban jubilándose antes de los 50 años, situación que podría considerarse un “paraíso social” pero que generó una gran carga a las arcas gubernamentales.

“Imagínate lo que sintió un trabajador al que le faltaban dos años para jubilarse y ahora le faltan quince (…) Es un paraíso social, pero que estaba soportado por un cementerio financiero. Esa fórmula no funciona. Los gobiernos están haciendo un esfuerzo económico fuerte con una dirección al desfiladero. Con esta nueva Ley sigue habiendo un gran esfuerzo, pero en los próximos 15 años va a haber crecientes, pero con una dirección hacia buen puerto”, añadió.

 4.- Costos políticos 

El secretario de Administración aseguró que el camino para la construcción de consensos entre las partes rumbo a la aceptación de la Ley de Pensiones implicó muchos “dolores de cabeza” para la actual administración estatal, pero considera que “era lo correcto”, ya que de esta forma se puede tener la certeza de que los próximos gobiernos estatales cumplirán con sus compromisos.

“Como administración pública, implica muchos dolores de cabeza entrar en este tipo de procesos, pero te puedo decir que este problema existía desde hace muchos años, ya se tenía visibilidad desde otras administraciones y no se había hecho nada. En 20 años vamos a tener la satisfacción de contar con un instituto fuerte para los pensionados de ese entonces”, señaló.

 5.- Así funcionará el Instituto de Pensiones 

En el Instituto de Pensiones participan los tres poderes, los 10 municipios colimenses y todos los organismos autónomos, excepto la Universidad de Colima. Su órgano principal es el Consejo Directivo, que estará conformado por 13 consejeros:

  • El presidente del Consejo Directivo, que es el secretario de Administración y Gestión Pública (en este caso, Meiners).
  • Habrá un asiento para el el secretario de Planeación y Finanzas (Carlos Noriega García).
  • El presidente del Congreso del Estado (Guillermo Toscano, diputado local del PT).
  • El presidente del Supremo Tribunal de Justicia (Bernardo Salazar Santana).
  • Cuatro asientos para representaciones de los trabajadores, uno para la Unión de Sindicatos del Estado de Colima, uno para la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, otro más para el STSGE y finalmente, uno para el SNTE 39.
  • Participarán también el director general del Instituto de Pensiones, tres representantes de los municipios y un representante de los órganos estatales autónomos, todos aún por designarse.

Meiners explicó que el Consejo Directivo deberá sesionar por ley cada mes, las decisiones serán tomadas por mayoría, pero el voto de calidad lo tendrá el presidente del Consejo y las sesiones serán abiertas y transmitidas en línea.

El Congreso de Colima aprueba una nueva Ley de Pensiones

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