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Política

Auditoría destapa desorden burocrático en el estado y los municipios

A los 10 municipios y a los tres Poderes del estado les fueron detectadas decenas y decenas de observaciones por posibles irregularidades que pueden constituir responsabilidades administrativas, según los informes de resultados del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) correspondientes a 2017.

La revisión dio cuenta de diversos requerimientos no solventados por parte de los ayuntamientos y del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estatales, acerca de conductas que pudieron afectar la hacienda pública.

El ente con el mayor número de observaciones fue Tecomán, con 101. Entre los elementos no solventados por esta administración municipal está la falta de justificación de préstamos otorgados a algunos funcionarios, el registro contable de los ingresos por el concepto de eventos públicos o la falta de evidencia relativa a la entrega de subsidios al DIF Municipal.

En segundo lugar aparece Minatitlán, con 94. Entre los pendientes de este municipio está que la alcaldía omitió exhibir el análisis para corregir diversos saldos contrarios a su naturaleza contable, por exhibir un contrato de apertura de una cuenta bancaria de forma incompleta y emitir cheques de manera indebida.

El municipio de Colima, con 92, fue el tercer ente con mayor número de señalamientos, entre los que destaca el pago de apoyos económicos no previstos en el presupuesto y sin la autorización del cabildo, así como por contratar un servicio de consultoría a través de la invitación restringida, sin estar facultado para ello.

Por debajo aparece Villa de Álvarez, con 83 actos de presuntas irregularidades. El órgano auditor detectó que este ayuntamiento no presentó las nóminas firmadas por los trabajadores, algunos contratos para justificar gastos y los análisis para efectuar movimientos contables en diversas cuentas que presentaron saldos contrarios a su naturaleza.

El municipio de Cuauhtémoc registró 78 presuntas irregularidades, entre las cuales está la falta de exhibición de fichas o estados de cuenta en los que conste los depósito de recursos o la realización de algunas adquisiciones de manera indebida o sin informar al Comité de Compras.

En lo que respecta a Manzanillo, el órgano auditor detectó 75 conductas que pueden constituir responsabilidades administrativas, como no realizar acciones necesarias para recuperar diversos adeudos por más de 7.2 millones de pesos, o exhibir evidencia contable del combustible donado por Pemex por casi 5 millones de pesos.

Al gobierno de Coquimatlán, el Osafig le detectó 74 posibles irregularidades, entre ellas la falta de comprobación o reintegro de casi 41 mil pesos, de un préstamo por 252 mil pesos y otro por 183 mil pesos, y por no exhibir los documentos que comprueben algunos gastos.

El informe de resultados de la cuenta pública de Ixtlahuacán señaló que no se justificó la entrega de 101 cheques por más de 2.4 millones de pesos, por no exhibir la autorización para el pago de un estímulo económico a 14 trabajadores, ni para otorgar diversos préstamos.

En el caso de Comala, el Osafig hizo 60 observaciones de presuntas irregularidades, entre ellas la de no justificar legalmente cobros por el concepto de “Uso de Vía Pública” y “Baños de la Presidencia”, así como no presentar convenios realizados, no justificar depósitos tardíos, la aplicación y destino de recursos extraordinarios provenientes del Gobierno del estado y las modificaciones presupuestales de la partida de “Otros Ingresos Varios”.

A la administración de Armería le hicieron 48 señalamientos. En el informe de resultados, el Osafig indicó que el Ayuntamiento no reintegró a las cuentas bancarias más de 58 mil pesos ni mostró evidencia de las aclaraciones por depósitos en tránsito y pendientes de aclarar. Tampoco mostró la justificación de omitir el pago del Derecho de Alumbrado Público a los predios urbanos no edificados, con lo cual se dejaron de ingresar más de 344 mil pesos.

Los requerimientos no solventados por parte de estos entes públicos, según establece el Sistema Estatal Anticorrupción, ya no pasarán al Congreso del Estado, sino que serán tratados por el Tribunal de Justicia Administrativa, conformado el pasado 16 de julio.

 ¿Cómo le fue a los poderes estatales?  

La cuenta pública de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado también fueron revisados por el Osafig, y aunque el al primero le hicieron 83 observaciones, los dos últimos fueron los que menos irregularidades les fueron señaladas.

De acuerdo con el órgano auditor, el Ejecutivo no implementó acciones para recuperar el saldo de más de 68 millones de pesos de una cuenta de la cual no se muestra mayor información en el informe de resultados público, a la cuenta de “Préstamos a Organismos Descentralizados Estatales” por 182.4 millones de pesos, entre otros préstamos, así como a no realizar investigaciones de mercado previo a la realización de diversos procedimientos de licitación pública, entre otras acciones que pueden constituir responsabilidades administrativas.

El Legislativo presentó 10 observaciones en el informe de resultados del órgano de auditoría. Una de ellas fue por no justificar la omisión de realizar las comprobaciones o reintegros por más de 130 mil pesos al cierre del ejercicio fiscal de 2017. Además, fue señalado por no justificar legalmente el gasto realizado en combustibles, lubricantes y aditivos por 3.5 millones de pesos.

El Poder Judicial registró 15 presuntas irregularidades, entre ellas no justificar documentalmente algunos gastos por concepto de hospedaje, alimentos y viajes, además de algunas adquisiciones realizadas a través de adjudicaciones.

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