Un proyecto energético en Manzanillo es señalado por corrupción; API lo niega
Altos funcionarios del Puerto de Manzanillo y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) están bajo la mira de una investigación por presuntos actos de corrupción en torno a un contrato energético, de acuerdo con documentos publicados este miércoles por El Universal, en tanto que la propia Administración Portuaria Integral (API) defiende la legalidad de dicha asignación.
El Órgano Interno de Control (OIC) de la API, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP), concluyó en un análisis legal que hubo “irregularidades” e “inconsistencias” en la cesión parcial de derechos a una empresa, debido que no contó con el aval del Consejo de Administración de la API ni cumplió con lo señalado en la Ley de Puertos y en su reglamento, lo cual “genera implicaciones jurídicas y/o de presunta responsabilidad administrativa” al director general de Puertos de la SCT, Alejandro Hernández Cervantes, y al titular de la API, Ovidio Noval Nicolau.
Los documentos en poder de El Universal dan cuenta de que el titular del OIC de la API, Román Pablo Rangel Pinedo, comunicó mediante un oficio al Área de Quejas del OIC de la SCT que “la asignación directa realizada a favor de la empresa Logística de Fluidos y Graneles SA de CV no cumple con la normatividad requerida” en la citada Ley, y que existe en trámite una denuncia por presuntas irregularidades por el mismo caso.
El contrato bajo señalamientos permite a dicha empresa la construcción y operación hasta por 20 años —con posibilidad de prórroga— de una Terminal Portuaria Especializada para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, granel agrícola, fertilizantes y carbón en la colindancia de la Laguna de Cuyutlán, en la zona del Puerto de Manzanillo, el más importante del país y el cuarto mayor en América Latina.
La API, a través del acuerdo, cesiona a Logística —empresa con proyectos de almacenamiento de petrolíferos— 159,052.42 metros cuadrados de superficie de agua, a cambio de una contraprestación de cuota variable.
La revisión del OIC de la API resaltó que la asignación se realizó con base en un acuerdo que no contó con el debido aval del Consejo de Administración de la Administración, debido a que el representante de la SFP solicitó revisiones. El OIC menciona otras presuntas irregularidades, entre las que destaca que la empresa exhibió documentación con inconsistencias cronológicas, realizó una venta de acciones que contraviene a la Ley de Puertos y no demostró contar con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para el proyecto concesionado.
La SFP no respondió de manera inmediata a una consulta sobre la autenticidad de los documentos.
El caso fue expuesto este lunes por el periodista Darío Celis en su columna de Excélsior, mientras que este miércoles Víctor Sánchez Baños, en El Heraldo, añadió que la oficina del titular designado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para la SCT, Javier Jiménez Espriú, ya lo investiga.
El proceso se apegó a la ley: API Manzanillo
El director general de API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, afirmó que el contrato con Logística de Fluidos y Graneles está apegado a la Ley de Puertos, por lo que una vez confirmado que el solicitante reunía los requisitos, el 22 de agosto pasado inició el proceso de firma y de registro ante la Dirección General de Puertos de SCT.
“En todo momento, éste ha sido un proceso que se encuentra apegado a la Ley de Puertos y su reglamento, y esta entidad ha cumplido con informar a su Consejo de Administración del mismo. De igual manera, se han contestado todas y cada una de las solicitudes que la Comisaría de la Secretaria de la Función Pública y el Contralor en la entidad han hecho al respecto de este contrato”, indicó en un comunicado en respuesta al texto de Celis.
Noval Nicolau llegó en enero de este año a la Dirección General de la API de Manzanillo, en sustitución del vicealmirante Alejandro Miranda Oceguera, quien dejó el cargo en noviembre de 2017.
Esa zona porturaria es sede de otros megaproyectos energéticos emergentes, como el de almacenamiento de petrolíferos de Porter FG, así como los de almacenamiento y distribución de petrolíferos de TP Terminals y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
