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Farías acusa que exanguianistas fueron absueltos porque falló el Osafig y el Congreso

El coordinador de los diputados del PT, Carlos César Farías, acusó que dos altos exfuncionarios en la administración del exgobernador Mario Anguiano libraron sanciones por supuestos actos de corrupción debido a deficiencias en el trabajo del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y de la pasada Legislatura del Congreso local.

El legislador, presidente de la Comisión de Responsabilidades, explicó que un tribunal federal desestimó los elementos aportados por las auditorías que señalaron presuntas irregularidades de parte de los exsecretarios Rafael Gutiérrez, de Gobierno, y Blanca Isabel Ávalos, de Administración y Finanzas, contra quienes los anteriores diputados aprobaron sanciones.

Farías detalló que los considerandos de la sentencia de los juicios de amparo interpuestos por los exfuncionarios anguianistas apuntan que fueron detectadas violaciones a sus derechos humanos por parte del Osafig, e incongruencias de la Comisión de Responsabilidades de la 58 Legislatura, entonces encabezada por el panista Riult Rivera.

“(Rafael Gutiérrez y Blanca Isabel Ávalos) han sido absueltos (…) El tribunal federal analiza las garantías y los derechos fundamentales, sin embargo en los considerandos de forma expresa analiza la actuación del Osafig y revierte la responsabilidad por una mala actuación que el Osafig llevó a cabo en contra de estos servidores”, dijo Farías en la sesión de este jueves.

El petista leyó un fragmento de la sentencia en el que se mencionan las supuestas inconsistencias cometidas por el Osafig:

Del análisis de pruebas documentales y anexos que obran agregados al expediente de responsabilidad administrativa 20/2018 se desprende que el trabajo realizado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización contiene una serie de inconsistencias, errores y deficiencias respecto a las imputaciones que hace para el observado.

Sobre la actuación de la Comisión de Responsabilidades y del Pleno de la 58 Legislatura, el Tribunal, de acuerdo con lo mencionado por Farías, indica que violentó los derechos humanos de los imputados por faltar al principio de congruencia.

El decreto reclamado es violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales porque la autoridad responsable, al resolver en el sentido que lo hizo, faltó al principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución ya que es inverosímil que en una parte considere que no es posible imponer sanción al observado por las razones antes destacadas y en otra le imponga la sanción de inhabilitación.

Las sanciones contra Gutiérrez y Ávalos quedaron asentadas en el decreto 613 que el Congreso aprobó el 27 de septiembre, derivadas de una revisión excepcional del Osafig a los años 2013, 2014 y 2015 de la gestión encabezada por el exgobernador Anguiano. Para el primero se impuso una inhabilitación por cinco años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal y estatal; para la segunda, el periodo de inhabilitación es por cuatro años.

Farías dijo previamente a medios que el exmandatario también presentó una demanda de juicio de amparo contra las sanciones impuestas en el mismo decreto, en el que se estableció una inhabilitación por 14 años y una sanción económica directa por más de 515 millones de pesos.

 … Y pide investigar a la auditora 

Por los señalamientos que hizo el Tribunal, Farías propuso realizar una investigación a fondo al Osafig y su titular, Indira García, pues consideró que se actuó con dolo en la integración del caso.

“¿Qué tanto fue el dolo con el que actuó el Osafig en hacer una errónea investigación o incompleta investigación, y luego qué tanta responsabilidad tienen los integrantes de la Comisión de Responsabilices de la anterior Legislatura, que aún habiendo observado aquellas deficiencias, por alguna razón no legal, dictaron un decreto 613 que está culminando con una sentencia en la que se dice que hubo violaciones a los derechos humanos?”, cuestionó.

Durante la sesión, Luis Fernando Escamilla, diputado independiente exintegrante de la bancada del PT, indicó en Tribuna que algunos ciudadanos le han pedido plantear una revisión a la actuación del Osafig, al afirmar que no estaba dando los resultados esperados.

La diputada Lizeth Anaya, de Morena, recordó que en la sesión del 30 de octubre presentó una iniciativa para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión entre pares para verificar los procesos del Osafig y sus finanzas; misma que fue turnada a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia al Osafig, la petista Ana Sánchez Landa, indicó que aunque está de acuerdo con hacer la investigación propuesta, el auditor superior que hizo la revisión excepcional a la cuenta pública fue el antecesor de García, Armando Zamora, actual tesorero del Ayuntamiento de Colima.

En octubre, el diputado Francisco Rodríguez, perteneciente a la bancada del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda, planteó que para fortalecer al Sistema Anticorrupción del Estado se requiere renovar al Osafig, por lo que propuso la salida de su titular e iniciar un nuevo proceso de designación.

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