Type to search

Política

El huachicoleo de donaciones de Pemex en Colima… ¿entre los casos a revisión?

El Gobierno de México indicó que revisará los casos en que funcionarios supuestamente huachicolearon donaciones hechas por Pemex a diversos entes públicos, situación que ocurrió en Colima en 2015 con el desvío de 38.5 millones de pesos en combustible y asfalto entregado por la petrolera al Gobierno del Estado para atender los daños causados por el huracán «Manuel» en 2013.

El dictamen de la auditoría extraordinaria de las cuentas públicas del estado de Colima a los últimos tres años del sexenio anterior (2013 a 2015) señala, entre otras cosas, que dicha administración no comprobó el destino final de 130 mil 200 litros de gasolina y 118 mil de diésel enviados por la empresa pública a solicitud del entonces gobernador, Mario Anguiano, para operar el parque vehicular y la maquinaria del estado, así como apoyar el bacheo y rehabilitación de vialidades.

Las revisiones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental de Colima (Osafig) encontraron que el energético fue almacenado en estaciones de servicio en las que participaban la esposa e hijas del entonces secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y del que no se comprobó que hubiese sido empleado para los fines mencionados.

El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo este miércoles que un caso similar, en el que estaciones de Hidrosina y Tecpex comercializaron en 2015 gasolina que Pemex había donado a dependencias y gobiernos locales, ya está siendo investigado y que la empresa de hidrocarburos está cooperando, por lo que confió en que «muy próximamente en la reunión mañanera» presentarán resultados, según reportó Milenio.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló más temprano en su conferencia matutina desconocer «el dato exacto», pero indicó que la solicitaría y confió en que habrá información, al señalar que hay muchos casos que irán saliendo a la luz pública.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, dijo que exigirán a Pemex un informe del destino de las donaciones que ha hecho.

“Era la verdad algo totalmente discrecional, sin control, no solamente la entrega de combustible, sino también la de material para la pavimentación de calles y carreteras. En realidad nunca se supo bien a bien cuáles eran los criterios (para hacer las donaciones). Había funcionarios, incluso familiares de funcionarios, que estaban como intermediarios de ayuntamientos y eran gestores, y lo que debían ser donativos, pues se convertía en un negocio”, dijo este martes en conferencia de prensa.

 El esquema 

De retomar el tema, el gobierno federal revisaría el dictamen elaborado por el Osafig, que da cuenta de que el Gobierno de Colima solicitó la donación de combustibles para la operación de los vehículos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, de Desarrollo Rural y de la Policía Estatal.

Las pesquisas del órgano fiscalizador revelaron que no se encontraron los documentos que sustentaran esto, ya que “el abastecimiento y consumo de combustible para los vehículos de dichas secretarías fueron soportados con facturas que amparan el pago de los combustibles antes descritos, sin observarse el consumo de combustible donado”.

El documento añade que lo donado, de acuerdo con los oficios, fue suministrado en dos lugares: las estaciones de servicios «12116 Servicio Comercial del Centro SA de CV» y «116642 Servicio Pereyra SA de CV», cuyos accionistas tienen relación familiar primer grado en línea directa con el entonces exsecretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos.

Además del combustible, el Osafig reportó que el ente auditado tampoco comprobó haber usado en obras públicas las 3 mil 400 toneladas de asfalto donadas.

Por estos señalamientos en la auditoría, enviada al Congreso del Estado, el Osafig propuso inhabilitar a Gutiérrez Villalobos para desempeñar empleos, cargos y comisiones en el servicio público por tres años y una sanción económica por 7 millones 406 mil 798 pesos. El funcionario actualmente enfrenta el proceso amparado en un recurso que le otorgó un juez federal en enero pasado.

Lee: Farías acusa que exanguianistas fueron absueltos porque falló el Osafig y el Congreso

La revisión extraordinaria señaló responsabilidades por irregularidades de más funcionarios. Ninguno ha sido sancionado.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *