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Enredo de versiones sobre los recursos para el Sistema Estatal Anticorrupción

Luego de que el diputado del PAN Francisco Rodríguez señaló que el Gobierno del Estado incumplió con la transferencia de recursos para el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), información de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin) dio cuenta de la entrega de 3 millones de pesos… pero el Comité de Participación Ciudadana (CPC) indicó que falta saldar una ampliación presupuestal.

El legislador local reprochó la semana pasada que la administración del gobernador Ignacio Peralta apenas en enero pasado había depositado “un abonito” del monto destinado para el arranque del recientemente creado SEA, declaración que se contrapone a un reporte de la Seplafin en el sentido de que ha realizado cuatro depósitos de 2018 a la fecha.

El detalle de las operaciones, a los que tuvo acceso EstaciónPacífico.com, indican que el Gobierno del Estado realizó dos transferencias de medio millón de pesos, el 14 de marzo y el 30 de mayo —con beneficiario Rodrigo Marmolejo González, presidente del Comité de Participación Ciudadana del SEA—, y otras dos por 1 millón de pesos hechas el 14 y el 28 de enero de este año —para la Secretaría Ejecutiva del SEA. El informe oficial reconoce que el presupuesto autorizado al SEA para el año pasado fue de dos millones 600 mil pesos.

 Las cuentas 

El enredo empezó cuando el diputado Rodríguez, al comentar en torno a las dificultades para echar a funcionar el SEA, aseveró que el secretario ejecutivo del SEA le había comentado que hasta enero de 2019 apenas les habían transferido 1 millón de pesos del presupuesto del año pasado, y que habían empleado para cubrir sus honorarios.

“En todo 2018 no se les entregó nada y apenas el martes que platiqué con el secretario ejecutivo me dice que apenas les dieron un abonito que sirvió para cubrir sus honorarios”, aseguró este viernes en entrevista radiofónica.

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Las cuentas del gobierno refieren otra cosa. El mencionado reporte de la Seplafin muestra que el Gobierno del Estado de Colima transfirió a este Sistema medio millón de pesos el 14 de marzo de 2018, los cuales tenían por beneficiario a Rodrigo Marmolejo González, presidente del Comité de Participación Ciudadana.

Una segunda transferencia por la misma cantidad fue hecha dentro de ese mismo año, el 30 de mayo, a nombre de la misma persona.

En lo que va de 2019, la tabla muestra que se han efectuado depósitos por 2 millones de pesos: uno el 22 de enero, cuyo destinatario fue la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y otro el 28 del mismo mes, a nombre del mismo beneficiario.

En total entre marzo del año pasado y enero de este, de acuerdo con las cuentas oficiales, la administración local habría destinado 3 millones de pesos al Sistema Estatal Anticorrupción, que cubrirían los 2 millones 600 mil presupuestados para 2018, y 400 mil que corresponderían a lo previsto para este año.

 ¿Y el extra? 

Isela Uribe, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), manifestó que es cierto que durante 2018 sólo les dieron un millón de su presupuesto, al explicar que el organismo carecía de secretario técnico a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema, lo que les impedía legalmente manejar recursos. Dicha transferencia, abundó, fue para que el CPC operara “de forma mínima”.

“Como esta figura no estaba todavía durante 2018, nombramos un secretario técnico pero renuncia a mediados de año, se abrió convocatoria y el procedimiento para constituir el sistema y lograr las bases legales y hacendarias para poder acceder a los recursos pero no directamente hacia nosotros sino al sistema, no la teníamos. Es por esto que demoro todo el año en que oficialmente el sistema pudiera caminar”, abundó vía telefónica.

“Todo este trámite legal se vino hasta finales de diciembre. Entonces todo el año no pudimos ejercer, se dio una parte para poder operar de manera mínima, sobre todo para efectos de espacio y una serie de eventos mínimos (…) hasta enero de 2019 hemos podido acceder a lo presupuestado”, añadió.

Uribe detalló que, aunque ya se hizo una transferencia de dinero por parte del gobierno local que cubre los dos millones 600 mil que les presupuestaron en 2018, no se han saldado los pagos, al afirmar que gestionaron ante la Seplafin una ampliación presupuestal de poco más de 2 millones de pesos correspondientes al año pasado, que aún no ha sido finiquitada.

La integrante del CPC agregó que, aunque su presupuesto para 2019 quedó igual que el del año pasado, buscarán otra ampliación ante la dependencia por alrededor de cinco millones de pesos.

A principios de enero se hizo una gestión para que se pagaran los dos millones y medio, más una solicitud de ampliación presupuestal, creo que de poco más de dos millones, entonces quedaba como en cinco millones y medio. Se hizo la gestión ante Finanzas y fue aprobado por el consejo coordinador y todo este recurso se tenía que recuperar porque no había sido ejercido en 2018 y el acuerdo fue que se comenzaría a entregar de manera parcial, no así completo, semanalmente a través de la figura de la Secretaría Técnica”, declaró.

Lo ideal, comentó Uribe, es que las transferencias lleguen mensualmente. Hasta el momento, añadió, los honorarios que les han cubierto, abarcan desde la instalación del CPS en febrero de 2018 hasta agosto del mismo año.

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