Colima firma convenio de gobierno abierto con el Inai… ¿qué sigue?

Los tres poderes del estado de Colima y los ayuntamientos deben definir los mecanismos con los que se comprometerán como parte de la alianza para el gobierno abierto que la administración estatal firmó en diciembre con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), indicó el comisionado Joel Salas.

El integrante del Pleno del órgano detalló que también se debe definir a un integrante de la sociedad civil que represente a los gobiernos locales en este proceso que busca impulsar una mayor participación democrática de los ciudadanos, vaya más allá de votar por sus gobernantes.

“Hace algunos meses suscribimos la declaratoria de gobierno abierto, y Colima en las próximas semanas o meses tendrá que definir quién va a ser su representante en términos de sociedad civil y cuáles van a ser los compromisos que el gobierno estatal, que el Congreso local, que el Poder Judicial o que algunos ayuntamientos se comprometerán a realizar”, señaló Salas este jueves en entrevista con Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com.

El comisionado indicó que el mecanismo de gobierno abierto busca que la sociedad no sólo conozca todas las decisiones de su gobierno, sino que participe en la definición de los problemas y en la búsqueda de soluciones. Va desde determinar qué calle reparar hasta en qué política pública enfocar más recursos.

“Es quitarle el monopolio de la definición de los problemas y las soluciones a los gobiernos para que la sociedad forme parte de ella”, comentó.

Según Salas, el acuerdo alcanzado hasta el momento, que sigue en discusión entre el Inai, la sociedad civil y el Ejecutivo federal, es que haya compromisos modelo que se apeguen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como la educación de calidad, o a acciones anticorrupción a los que se unan los estados cuando lo decidan.

El mecanismo de gobierno abierto se detuvo en el anterior gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, por la falta de confianza que hubo por parte de la sociedad por un “presunto proceso de espionaje” en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos, dijo Salas, quien consideró que esto afectó uno de los principales pilares para su funcionamiento.

“Uno de los pilares para que se dé la participación es que exista confianza, y justo en el ámbito federal se rompió la confianza porque hubo un presunto proceso de espionaje a algunos integrantes de la sociedad civil que participaron en la definición de los compromisos, a comunicadores, a defensores de los derechos humanos, y eso llevó a que la sociedad civil que participaba en el ámbito federal dejara el ejercicio hasta que se esclarecieran los hechos y se generaran condiciones de no repetición”, dijo.

Con la llegada del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se retomó este proceso al notar un cambio en el modelo de comunicación política y la relación del presidente con los organismos públicos autónomos.

“El relanzamiento del ejercicio de gobierno abierto no hubiese sido posible sin la voluntad, sin el deseo de colaborar por parte del nuevo gobierno con el Inai y el núcleo de organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que lo que hemos visto es un cambio tanto en el modelo de comunicación política como en la forma como el Ejecutivo entraba en relación con los organismos autónomos”, señaló el comisionado de Transparencia.