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Política

7 ‘incongruencias’ que echaron abajo el dictamen contra los exsecretarios de MAM

Las inhabilitaciones por corrupción contra altos exfuncionarios de la administración del exgobernador Mario Anguiano fueron echadas abajo luego de que un Juzgado señaló que el dictamen del Congreso que impuso las sanciones contiene incongruencias que hacen “inverosímil” la imposición de dichas medidas, pero… ¿cuáles son esas incongruencias?

Los dictámenes con los que el mismo Congreso revirtió este jueves las medidas aprobadas contra Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario general de Gobierno, y Blanca Isabel Ávalos, exsecretaria de Finanzas durante el pasado sexenio, apuntan que la sentencia del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima refiere la contradicción en el decreto emitido por la pasada Legislatura, donde por una parte considere que “no es posible imponer sanción” contra dichos exfuncionarios, y por la otra la impone.

“El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, concluyó que no es posible imponer sanción al observado, al señalar que resulta inverosímil que en una parte del dictamen considere que no es posible imponer sanción al C. Rafael Gutiérrez Villalobos y, en otra, le imponga la sanción de inhabilitación por cinco años”, dice el dictamen aprobado este jueves referente a dicho exfuncionario.

“Al resolver en el sentido que lo hizo (el Congreso) falta al principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución; ya que es inverosímil que en una parte considere que no es posible imponer sanción a la observada –quejosa–, por las razones antes destacadas; y, en otra, le imponga la sanción de inhabilitación por cuatro años para desempeñar empleos”, coincide el que se votó en torno a Blanca Isabel Ávalos.

Lee: Por un amparo, el Congreso quita inhabilitación a exsecretarios de MAM

Los dictámenes que anulan las sanciones para ambos, se presentaron en los mismos términos. Estas son las “incongruencias” en el decreto aprobado por la pasada Legislatura a las que se hace referencia:

1.- Sobre Gutiérrez Villalobos, el decreto 613 dice que el Osafig “no motiva ni fundamenta la causa y el monto de los daños y perjuicios que supuestamente se generaron a la hacienda pública estatal, con la conducta imputada”, la cual es:

“Presentar información falsa al Honorable Congreso del Estado en la iniciativa que suscribió, de fecha 10 de septiembre de 2015, en la cual solicita reconocimiento de deuda, y generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal”.

2.- El documento también afirma que el órgano no precisa en forma concreta la conducta imputable así como tampoco el motivo por el cual pretende sancionar.

3.- Señala que el “cargo que ostentaba el servidor público no resulta ser el responsable directo del manejo y control de la finanzas públicas del estado”, por lo que es imposible imponerle sanciones.

Aún así, párrafos más adelante, la Comisión de Responsabilidades de la pasada legislatura, resolvió inhabilitarlo por cinco años para desempeñar cargos públicos.

En cuanto a Blanca Isabel Ávalos, el Osafig la señala por: Presentar información falsa al Congreso del Estado para solicitar el reconocimiento de deuda, generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal; distraer y/o permitir distraer los caudales públicos de los objetos a que están destinados por la ley.

“Realizar o permitir el pago del crédito contratado el 8 de diciembre de 2014 con los ingresos de otro crédito celebrado el 2 de enero de 2015, sin realizar el registro del pasivo de 478 millones de pesos y sin la debida autorización del Honorable Congreso del Estado, simulando su pago el 31 de diciembre de 2014 con la emisión del cheque 7,477 de la cuenta bancaria BBVA Bancomer 0446533620 sin suficiencia financiera, y con ello pretender aparentar su pago dentro del ejercicio de contratación, registrándose como finalidad del crédito la compra de un predio por 478 millones de pesos, sin efectivamente efectuarse”, son otros señalamientos contra la exfuncionaria, así como por autorizar y omitir la comprobación del gasto por 12 millones 500 mil pesos.

4.- El decreto señala que el Osafig “violentó el principio de presunción de inocencia de la observada, al imputarle conductas carentes de toda motivación y fundamentación legal”, al considerar que no se acredita que esta haya presentado información falsa al Legislativo o generado daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal.

5.- Que el órgano auditor no señala el motivo especifico por el cual pretende sancionar y “se limita a realizar la imposición de sanciones en forma general, haciendo argumentaciones sin fundamento“.

6.- Que el mismo “no logró acreditar la autorización y omisión de un gasto por un monto de $12 millones 500 mil pesos”.

7.- Y que Ávalos “no resulta ser responsable directa del control y manejo de las finanzas públicas del estado” por lo que es imposible sancionarla.

A pesar de este reconocimiento que hizo la Comisión de Responsabilidades, como en el caso del exsecretario General de Gobierno, al final se determina inhabilitar por cuatro años a la señalada.

El juzgado también resuelve que el resto del contenido del decreto que no fue motivo de análisis se deja «intocado».

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