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Congreso

¿Es legal la prórroga para aprobar la cuenta pública por parte del Congreso de Colima?

El Congreso de Colima aprobó este sábado por mayoría aplazar la revisión de la cuenta pública 2018, por lo que los diputados definieron como fecha límite el 20 de febrero de 2020 para terminar su análisis, pese a que la Constitución establece que la fiscalización debe concluir «a más tardar el 30 de noviembre».

Los legisladores decidieron posponer la revisión al considerar que los informes brindados por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) carecen de información, por lo que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos requiere llevar a cabo un estudio más a profundidad. El dictamen argumentó que la Ley de Fiscalización Superior de Rendición de Cuentas del Estado de Colima establece la facultad del Congreso de dejar abierto el proceso cuando existan elementos.

«El Osafig se negó a  ampliar dicha información a los legisladores para tener mayor soporte y conocimiento para la evaluación de las Cuentas Públicas, lo que hizo no poder contar con la información suficiente para el análisis técnico a la Comisión», indicó el boletín.

El artículo 36 de la Constitución local establece que el Legislativo en Colima debe concluir la actividad de fiscalización a más tardar el 30 de noviembre, aunque también en la Ley de Fiscalización Superior de Rendición de Cuentas del Estado de Colima en su artículo 49 señala que es posible dejar abierto el proceso de revisión cuando existan elementos para hacerlo.

«Cuando por causas justificadas a criterio del Pleno del Congreso del Estado no pueda dictaminarse la cuenta pública de una entidad, se dejará abierto el proceso de revisión y fiscalización hasta en tanto se tengan los elementos para dictaminar lo procedente o el plazo establecido por el Congreso del Estado. Dicha determinación deberá contenerse en un Decreto», indica la ley mencionada.

La revisión de la cuenta pública comprende a los tres poderes en la entidad, los diez municipios, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el Instituto Electoral del Estado (IEE), así como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol). También incluye a los organismos operadores del agua en Colima, al Tribunal Electoral del Estado (TEE) y al Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE).

El 27 de septiembre, la auditora superior del estado, Indira García, entregó al Congreso el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, en el que detalló de la apertura de 2 mil 140 hallazgos de posibles irregularidades y la emisión de 222 recomendaciones, tras la fiscalización a la ejecución de proyectos de obra pública y financiera por parte de 29 entes públicos.

El dictamen para extender la revisión de la cuenta pública de 2018 fue aprobado con 15 votos a favor, cinco en contra y una abstención.

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