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Política

Análisis: Los 110 millones de pesos que la UdeC ‘peleó’ porque en realidad son 550

La Universidad de Colima (UdeC) buscaba lograr que el Congreso del Estado le aprobara un presupuesto de 110 millones de pesos por encima de los 286 mdp que le avaló el 30 de noviembre, porque al recibir dicho monto adicional de parte del Gobierno del Estado le abrían la puerta a que la Federación le canalizara otros 440 millones.

Sin embargo, algo se interpuso en el camino: el golpeteo entre universitarios y algunos diputados, las diferencias políticas en el interior del Congreso y de éste con el propio Ejecutivo, así como la lucha por la sucesión rectoral.

La institución que encabeza Eduardo Hernández quería que el Congreso le avalara un presupuesto por 396 mdp. Un grupo de diputados locales recibió al rector el 28 de noviembre, a dos días del límite para la aprobación del presupuesto estatal. Ahí, Hernández y la plana mayor de la UdC pidieron a los legisladores que incrementaran en 125 mdp el presupuesto que había planteado para la casa de estudios al Ejecutivo estatal, que era de 271.3 mdp.

En la reunión no sólo se abordó esta petición de más recursos, sino que salieron a relucir temas como los adeudos que la actual administración estatal pagó a la UdeC, mismos que habían sido originados en sexenios anteriores; los problemas financieros de la Universidad que lo han llevado a tener pendientes millonarios con el SAT y el IMSS, entre otras instituciones; así como el complejo esquema legal que desde 2018 aplica, con la existencia de una “adenda” firmada sobre el convenio para la transferencia de subsidios —de la SEP y del Gobierno del Estado— a la UdeC.

Diversos diputados participaron para resolver estas diferencias, algunos defendiendo abiertamente los planteamientos de la Universidad y otros buscando ser intermediarios pero sin comprar como propio un conflicto que, interpretan, es entre el Ejecutivo estatal y la institución educativa.

EstaciónPacífico.com tiene conocimiento de que en el Ejecutivo estatal están resueltos a no firmar un convenio que avale una transferencia de dinero estatal superior a los 286.3 mdp aprobados por el Legislativo, a no ser que se incluya la referida adenda que condiciona a la existencia de recursos extraordinarios, para llegar hasta los 396.3 mdp, pues temen caer en una responsabilidad si lo hacen.

Pero estas fuentes, que para evitar un agravamiento de los conflictos solicitan no ser mencionadas por nombre, van más allá: aseguran que el grupo de poder que controla la UdeC intenta sabotear los acuerdos en este tema para propiciar un rompimiento político con el gobernador Ignacio Peralta, y así tener una justificación para no considerar su opinión en el proceso de sucesión rectoral que tiene que completarse en noviembre próximo, tres meses antes de que en febrero de 2021 concluya el mandato de Hernández.

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 La ‘adenda’ y la vieja costumbre de ignorar el presupuesto 

EstaciónPacífico.com tiene en su poder una copia de la adenda al convenio para la transferencia de subsidios de 2019, firmada por la UdeC y por el gobierno estatal, donde se establece que la administración de Peralta entregaría este año a la UdeC 384.3 mdp, de los cuales 271.3 mdp no tendrían condicionante alguna, pues fueron avalados por el Congreso en la “partida número 41562” del Presupuesto, y los restantes 113 mdp se otorgarían “siempre que en el presente ejercicio fiscal exista suficiencia presupuestaria para ello y autorización del H. Congreso del Estado de Colima”.

Hay un par de elementos imprescindibles para entender lo que está en juego en términos de recursos. El primero es que, además de esta “adenda”, cada año se firma un convenio entre la UdeC y los gobiernos estatal y federal para la transferencia de subsidios, en el cual se sigue una proporción de 80/20 entre los recursos entregados por la Federación y los que proporciona el estado; es decir que por cada peso aportado a la UdeC por el Gobierno del Estado, la administración federal transfiere cuatro pesos.

El segundo elemento es que, antes de la administración peraltista, el convenio entre los gobiernos federal, estatal y la UdeC incluía regularmente el compromiso de transferir —de parte de la administración estatal— más recursos que los presupuestados por el Congreso local sin que esto generara mayor problema o preocupación. El actual gobernador detectó la vulnerabilidad jurídica que implicaba el anterior esquema, y ha asegurado no querer generar una nueva “bola de nieve”, después de que le tocó pagar el adeudo de los seis años del gobierno anterior.

En la Universidad existe molestia con el Ejecutivo porque este año, a pesar de que se firmó la adenda para obtener hasta 384.3 mdp, ni siquiera se ha transferido lo correspondiente a los 271.3 mdp avalados por el Congreso en el presupuesto estatal.

Por esta situación, la UdeC está en la posición de no firmar para 2020 una adenda como la del año anterior. De ser el caso, los recursos que podría obtener de la Federación serían sólo mil 145.2 mdp, y no los mil 585.2 mdp que obtendría en caso de firmarla. Una firma que, en términos prácticos, podría implicar perder 110 mdp estatales (pues están sujetos a disponibilidad), para sí obtener otros 440 mdp federales.

No resulta tan complejo decidir qué hacer, si se considera que la alternativa es no firmar y que quede en firme una reducción del presupuesto total de la Universidad de 550 mdp.

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