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Política

Nacho recomienda a MAM ‘hacer la marcha… pero a Finanzas a pagar’

El gobernador de Colima Ignacio Peralta recomendó al exmandatario estatal, Mario Anguiano, realizar una nueva marcha… pero esta vez rumbo a la Secretaría de Planeación y Finanzas para que pague la sanción económica de 515 millones de pesos que le impuso el Congreso local —por los desvíos detectados en el uso de un crédito de largo plazo para refinanciar diversos créditos de corto plazo—.

Peralta dijo que haber acudido a la Fiscalía General del Estado (FGE) a «entregarse a la justicia» —como manifestó el propio Anguiano, al argumentar que no tiene recursos para pagar— en vez de haber ido a la Secretaría de Planeación y Finanzas, significa «no entender la naturaleza jurídica del asunto».

«Yo lo que respetuosamente recomendaría es que la marcha la haga, pero a la Secretaría de Finanzas a pagar el crédito fiscal. Es un crédito fiscal que hay que pagar por sentencia; ese es el tema, no es un tema de Fiscalía. Es un error ir a la Fiscalía, ir a la Fiscalía significa no entender la naturaleza jurídica del asunto. Es un tema que debe enterarse en la Secretaría de Finanzas para liquidar un crédito fiscal», señaló el titular del Ejecutivo estatal la noche del pasado jueves en entrevista con Archivo Digital.

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El gobernador afirmó que cuando ganó la contienda en el proceso electoral ordinario, en junio del 2015, comenzó un procedimiento de entrega-recepción, donde se enteró del «desastre financiero» que estaba dejando la administración saliente, es decir, la de Mario Anguiano.

«Sería muy irresponsable un gobernador electo que pretenda asumir la responsabilidad de la gubernatura sin conocer cuál es el estado que guarda la administración. Yo estaba entendiendo el desastre financiero que estaban dejando y preparándome para asumir el 1 de noviembre, ya buscando soluciones a todas estas situaciones», detalló.

«Es parte natural de un proceso de entrega-recepción el conocer el estado que guarda la administración», agregó.

El titular del Ejecutivo agregó que el propósito de efectuar la sanción económica al exgobernador obedece a fines jurídicos y no a revanchas políticas.

«Yo estoy ejecutando un mandato del Poder Judicial, de un ordenamiento de un juez federal, de un colegiado… a mí me toca aplicar lo que el mandato de ley establece por sentencia. ¿Por qué va a ser una venganza política si es una sentencia de un juez federal, de un Colegiado del Poder Judicial? Si fuera una venganza política habría que preguntarle al juez que emitió la sentencia», aseguró.

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