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Colectivo Inclusión celebra prohibición de terapias de conversión en Colima

El Colectivo Inclusión —que defiende los derechos de la comunidad LGBT+— celebra que el Congreso del Estado haya legislado para prohibir y castigar las terapias de conversión en Colima, también conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig).

Alejandro Pizano, integrante del Colectivo Inclusión, señaló que prohibir los Ecosig en Colima representa un gran avance y un reconocimiento de la orientación sexual, así como de la identidad de género, pues es algo que no se tiene que curar como si fuera una enfermedad.

En ese sentido, Pizano expuso que las denominadas terapias de conversión representan una forma de tortura, ya que existen diferentes tipos que afectan a las personas y vulneran sus derechos, en algunos casos con tratamientos psicológicos, y en otros a través de métodos que atentan contra la integridad de las personas, como violaciones.

A continuación te presentamos los fragmentos más relevantes de esta conversación que sostuvo Alejandro Pizano con Miguel Ángel Vargas, de EstaciónPacífico.com.

 —¿Qué representa para la comunidad de la diversidad sexual que esto ya sea penalizado para quien lo lleve a acabo o quien obligue a alguien a participar en esto?, se le preguntó.  

“Representa un gran avance significativo y amplio en el reconocimiento de la orientación sexual y la identidad de género, como algo que obviamente no se puede curar. Es increíble que después de más de 30 años que ya se sacó del manual de la Organización Mundial de la Salud la homosexualidad como una patología, se siga patologizando y que esas terapias principalmente dirigidas a jóvenes, jóvenas, adolescentes que van saliendo del clóset y que en muchas ocasiones las familias todavía tienen esta creencia que la orientación sexual o la identidad de género se puede modificar”.

“Son aprovechadas estas creencias por organizaciones pseudo psicológicas o con tintes religiosos para decirles a las familias que pueden cambiar la vida de sus hijos, hijas, hijes, y pues eso no es verdad. Y hacer que haya una sanción administrativa o penal es sin duda un gran avance. El cambiarnos no es una garantía de que dejen de suceder, pero sin dudas es un gran avance, ya será responsabilidad de nosotros también, y asumimos esa lucha, para seguirlo denunciando”.

 —¿Estas terapias existen y se dan en Colima y alrededores? ¿ustedes han atendido casos? 

“Cuando se vuelve un tema tópico en la sociedad como es el caso de esta iniciativa, empiezan a salir más casos. Nosotros desde el año pasado como parte de la fundamentación y la sociabilización de esta iniciativa como tal, presentamos una serie de documentos y de archivos que demostraran que existían estas terapias aquí en Colima, incluso había algunos legisladores, legisladoras que comentaban que si no existían, para qué hacer una ley alrededor de eso, pero lo demostramos y nosotros desde diciembre de este 2020 conformamos el Frente Colimense en Defensa de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género”.

“En este círculo de organizaciones y colectivas que defendemos la diversidad sexual, una de nuestras integrantes fue víctima de esta tortura. Entonces imagínense, si en un círculo relativamente pequeño; son 20 organizaciones, pero estamos solamente algunas representaciones de estas colectivas, una de ellas haya sido víctima de tortura. Estamos hablando de que realmente hay una incidencia muy alta y que muchas veces se invisibiliza porque es la familia quienes son las que llevan a sus hijos, hijas, hijes, y es difícil decir ‘mi familia me está torturando”.

“Entonces por eso es precisamente es muy importante esta incidencia porque no es una sanción hacia las familias, no es una sanción hacia los padres o madres como tal, sino hacia estas pseudo psicólogas, psicólogos, o a estas organizaciones también religiosas que son las que hacen que estas personas vayan a algún punto, algún espacio a recibir estas mal llamadas ‘terapias”,

 —¿En qué consisten? 

“El término de tortura como tal no lo establecimos acá, se estableció ya desde la misma Organización Mundial de la Salud, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Reconocer estas mal llamadas ‘terapias’ como tortura también fue otro paso importante hacia la comunidad”.

 —Pero me imagino que hay distintos niveles… 

“Claro, está desde la parte coercitiva de donde inicia (…) Pero como tratantes, debe haber algún proceso de inicio o apertura a un tratamiento para modificar esto, y eso puede ser desde terapias psicológicas; sí que las hay de pseudo psicólogos donde empiezan a hacer tratamientos para principalmente creo que es a través de psicoanálisis o de estas coerciones psicológicas donde te dicen ‘vamos a escarbar a tu niño, niña interior, y a lo mejor hay algo’, y después va escalando”.

“El problema es cuando va escalando ya a un nivel físico donde empiezan a tratar al cuerpo y a la mente con distintas formas. Se ha documentado desde hace años el electroshock, las violaciones correctivas en mujeres lesbianas, también violaciones correctivas a hombres obligándoles a tener relaciones sexuales con personas del sexo contrario como una forma de corrección, y también, sobre todo y la más importante de esta forma de tortura, que es la tortura moral o espiritual diciendo que si no modifican, si no cambian su orientación sexual o identidad de género, existe este pecado capital, o este pecado mortal”.

“Y aunque pareciera que eso no se puede cambiar, cuando hacen a que las jóvenes, los adolescentes y otras personas vayan a un centro, a un lugar específico y que a través de un discurso permanente les estén diciendo que se van a ir al infierno, por así decirlo, también es tortura”.

“Da un mensaje claro a la sociedad de que no hay nada que curar, de que no estamos enfermos, enfermas, y que Colima ya tiene antecedentes de progresividad en el reconocimiento de los derechos; está el matrimonio igualitario, está la identidad de género, está una ley contra la discriminación, y ahora esta nueva iniciativa abona aún más a generar un Estado donde quepamos todas y todos”.

Este lunes 27 de septiembre el Congreso del Estado de Colima aprobó penas de dos a cinco años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo comunitario a quienes impartan, promuevan, ofrezcan, apliquen, financien, sometan u obliguen a otras personas a recibir una terapia de conversión.

Lee: Congreso de Colima aprueba hasta 5 años de cárcel a quien promueva terapias de conversión

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