Maestro acusado de acoso en Corona Morfín fue cambiado de escuela: Flores Merlo
El secretario de Educación estatal, Jaime Flores Merlo, dio a conocer que el profesor de Educación Física acusado en marzo del 2020 de acosar sexualmente a estudiantes de la Escuela Secundaria Enrique Corona Morfín, José Daniel Yeme Cárdenas —como aseveraron las mismas alumnas en manifestaciones convocadas en el mismo plantel— fue cambiado de escuela.
El funcionario estatal precisó que tras las denuncias hechas por las alumnas del plantel, diversos actores se involucraron en la situación —entre los que destacó diputadas, representantes de derechos humanos e instancias en defensa del menor— y la problemática fue llevada a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que las estudiantes acudieran a ratificar su acusación, sin embargo, aseguró que nadie acudió.
“Se empezó a atender esa situación y se empezaron a hacer los levantamientos. Cuando se estaba trabajando en la consulta a nuestras niñas y nuestros niños afectados, hubo la participación de otras figuras, entre ellos diputadas, representantes de derechos humanos, instancias de derechos del menor, que asumieron el caso y se llevó a la Fiscalía del Estado para que se ratificara la denuncia y se pudiera proceder”, dijo la tarde de este lunes (25 de octubre) en comparecencia con diputadas y diputados del Congreso del Estado, con motivo de la glosa del sexto informe de gobierno de Ignacio Peralta.
“¿Saben cuántas ratificaciones de denuncias hubo? Ninguna, ningún padre, ninguna alumna de las afectadas se presentó a ratificar su denuncia. Sin embargo nosotros actuamos, nosotros le dijimos al trabajador que nos bastaba con la denuncia hecha por dos de las tres alumnas que entrevistamos para tener la plena seguridad de que el maestro no era bien visto en su centro de trabajo”, abundó.
Flores Merlo añadió que derivado de que cambiaron de centro de trabajo al maestro, recibieron una denuncia por la presunta afectación de los derechos humanos del todavía trabajador de la Secretaría de Educación de Colima.
“Actuamos en contra de su voluntad de cambiarlo de centro de trabajo. Eso ha significado para nosotros ya una denuncia por afección a los derechos humanos del trabajador. Sin embargo creo que teníamos nosotros que actuar de una manera congruente, porque dejar al trabajador en esa institución era exponerlo a la situación de afectación de los mismos padres de familia y de los alumnos, y si este movimiento que hicimos me va a significar alguna sanción, estoy dispuesto a asumirla, porque por encima de todo está que no se generen problemas en las instituciones educativas”, precisó.
El titular de la dependencia estatal aseguró que dentro de la misma cuentan con una Subdirección de Asuntos Jurídicos, donde se atienden las denuncias por acoso emitidas alumnas y alumnos.
Al respecto, la diputada de Morena Sonia Hernández le reclamó al secretario que “mover a un acosador no garantiza la seguridad de los alumnos, sino del acosador”.
“Señor secretario, el mover a un acosador de lugar no garantiza la seguridad de los alumnos, garantiza la seguridad del acosador, pero también garantiza el acoso a más alumnos”, mencionó.
Tras esa intervención de la legisladora local de Morena, no hubo más comentarios al respecto emitidos por el funcionario estatal.
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Alumnas de la Escuela Secundaria Enrique Corona Morfín, en la capital de Colima, se manifestaron el pasado 11 de marzo del 2020 para denunciar supuestos actos de acoso sexual del profesor José Daniel Yeme Cárdenas, quien impartía la clase de educación física en esa institución.
Entre los actos denunciados, las estudiantes manifestaron que el profesor “Yeme” —como le llamaban— solía separar a alumnos de alumnas y a ellas les ordenaba hacer ejercicios, que videogrababa sus cuerpos, también que les tomaba fotos, que las sentaba al frente cuando usaban falda y que les solicitaba sus números telefónicos.
Tras esa protesta, la Secretaría de Educación informó que el docente sería suspendido “de forma indefinida”, mientras se llevaba a cabo las investigaciones correspondientes y se determinaban las sanciones administrativas o penales a las que pudiera hacerse acreedor.