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Política

3 alertas de un experto en finanzas públicas y las respuestas del equipo de AMLO

Aunque el ahorro de recursos es una de las justificaciones del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para designar delegados estatales que revisen el gasto federal, diversas dudas y preocupaciones han surgido en torno a la implementación de esta nueva figura, en particular sobre sus implicaciones en el manejo del presupuesto público.

Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), planteó tres preguntas sobre el reparto de las participaciones federales, la administración de los recursos públicos y el riesgo de que se le dé un uso político a las nuevas estructuras.

Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico en RadioLevy planteó, en entrevista por separado, estos cuestionamientos a Gerardo Esquivel, quien ha sido anunciado como el próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el gobierno de López Obrador. Aquí sus respuestas.

 1. Gobernadores… ¿en segundo plano? 

Sobre el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación —que incluye diversos fondos de apoyo en materia de desarrollo, cultura, y fortalecimiento financiero para regiones y estados fronterizos, etc.—, Villarreal recordó que actualmente su asignación está sujeta a negociaciones que se suelen dar entre los gobernadores y las autoridades centrales, casi siempre el secretario de Hacienda. La duda consiste en si los nuevos delegados estatales desplazarán de alguna forma en estas negociaciones a los gobernadores. Así la expresó Villarreal:

“¿Lo poquito que quede del Ramo 23 van a ser los delegados quienes se queden con él? En teoría los recursos los ejercen los gobiernos estatales, pero imagínate que el que está pidiendo el favor y en la Cámara (de Diputados) es el ‘superdelegado’, sobre todo en algunos proyectos muy específicos”.

Esquivel descartó este escenario, al argumentar que la administración de AMLO le apuesta a sujetarse a los montos que propone el Congreso y únicamente entregar los recursos que ese poder dicte. Así respondió el futuro funcionario federal:

“El Ramo 23 se aprueba por el Congreso, ahí se define qué montos se van a las entidades y eso seguirá ocurriendo, lo que ya no ocurrirá es ese excedente de recursos que se entregaba a las entidades federativas y que ha sido denunciado por muchos grupos como recursos que se entregaban de manera opaca y que, insisto, no estaba regulado. La propuesta es sujetarse a lo que propone el Congreso y sólo entregar lo que propone el Congreso».

 El padrón de beneficiarios 

Para el director general del CIEP, queda la duda sobre si las nuevas autoridades hacendarias respetarán las fórmulas de asignación de las aportaciones federales a los estados para educación, salud, seguridad y programas sociales básicos —incluidas en el Ramo 33—, o si los delegados podrían influir a través del padrón de beneficiarios que elaboren. Así lo manifestó el especialista.

“Ahorita ha habido mucha ambigüedad informativa porque se dice que los superdelegados sí van a jugar un rol en los padrones de beneficiarios. Esto, por algunas interpretaciones los pudiera llevar a tener vela en el entierro del Ramo 33, el de las aportaciones, que aunque lleguen con fórmula podrían tener algún rol ahí”.

Esquivel también ‘bateó’ esta preocupación, al señalar que no hay manera de que se presente una situación de ese tipo, pues los gobernadores serán quienes decidan cómo se ejercen esos recursos. Así lo dijo el futuro subsecretario de Egresos:

“No, lo que hacen los gobernadores con los recursos del Ramo 33 es responsabilidad de los gobernadores y se irá ejerciendo como lo han hecho hasta ahora. Que quede claro que todo lo que se canaliza a través de los ramos seguirá siendo como hasta ahora”.

 3. ¿Clientelismos políticos? 

Villarreal planteó que persiste la inquietud sobre qué hará la administración federal entrante para evitar que el gasto público se politice. Para ejemplificar, Villarreal hizo referencia a Solidaridad, programa en materia social implementado por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), y que muchos expertos consideran que contribuyó para que se crearan grandes clientelas políticas que en su momento beneficiaron electoralmente al PRI. El experto lo manifestó en estos términos:

“Está muy ambiguo, el propio análisis legal no está claro… En última instancia. Si vas a tener a alguien con una chequera y a lo mejor un perfil muy político, y de pronto puede resultar que sea candidato en la siguiente elección de gobernador (…) Esa figura de alguna manera ya existía con el presidente Salinas y Solidaridad”.

Esquivel dijo que no tendría por qué ocurrir una situación así si los programas se ejecutaran de manera transparente, sin dar cabida a que los delegados estatales realicen entrega de apoyos de manera discrecional. El integrante del equipo de AMLO contestó en estos términos:

“Mucha gente atribuye que tendrán un gran peso político porque tendrán capacidad para ejercer recursos públicos, pero es importante señalar que todo eso depende de la transparencia con la cuál se definan los programas que ejecutarán estas personas. Lo único cierto es que ese delegado será el responsable de verificar que todas las personas de la entidad se registren correctamente. Su función tiene que ver más con el cumplimiento de los términos del programa, pero que no le va a dar lugar a nadie de decidir quién lo recibe y quién no”.

 

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1 Comment

  1. Luis Hernandez 20/08/2018

    Los gobernadores deben ampararse contra la medida de los «Proconsules» y el Gob. De Amlo debiera contratar servicios de auditorías independientes que auditen las gestiones de cada gobierno: economía, seguridad, social, educación, etc., y exponerlos a la opinión pública

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