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Política

Los senadores colimenses ‘echan montón’ a la concesión de la caseta de Cuyutlán

Los tres senadores colimenses coincidieron en criticar la concesión en la caseta de Cuyutlán —que conecta Armería con Manzanillo—, misma que consideraron un abuso para la población del estado y para quienes transitan por la autopista, por lo que se pronunciaron por que el gobierno federal la revoque.

Joel Padilla, senador del PT, presentó este jueves en tribuna un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a pronunciarse en torno a la legalidad de dicha licencia y sobre la posibilidad de revocarla, llamado al cual se sumaron Gricelda Valencia, de Morena, y Gabriela Benavides, del Partido Verde.

«Se caracteriza por ser una concesión que opera en la ilegalidad y que ha recibido cinco prórrogas en su vigencia, por tener un cobro excesivo de 130 pesos por tan solo 37 kilómetros, por lesionar la economía de los habitantes del municipio de Armería, el cual es uno de los municipios más pobres de Colima, por afectar el desarrollo turístico de Colima con un elevado peaje», señaló durante la sesión de la Cámara alta este jueves.

El legislador federal hizo una relatoría desde que la concesión fue otorgada en 1990 para un plazo inicial de nueve años tres meses hasta la fecha, gracias a que las ampliaciones por parte de la SCT dan vigencia a la caseta de cobro y con perspectiva de mantenerla hasta 2050, «si es que a la SCT no se le ocurre volver a prorrogar la concesión», cuestión que calificó como un «saqueo».

«A representación de los colimenses, alzo la voz y digo ‘basta de excesos, basta de saquear a Colima. Los colimenses no aceptamos continuar con esa ilegal carga financiera», enfatizó el petista.

Al concluir, y desde su escaño, la senadora Gabriela Benavides manifestó «a nombre del Partido Verde» su respaldo a la propuesta de Padilla.

«Estamos en contra de que se siga abusando del pueblo de Colima (…) Hay que iniciar un proceso que logre la nulidad de esa concesión para que los manzanillenses y los colimenses se libren de este abuso», indicó.

Tras la intervención de Benavides, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, preguntó al Pleno de los senadores si consideraban el asunto de «urgente resolución», es decir, si se discutiría y votaría de inmediato. La mayoría apoyó dar cauce a la proposición del petista.

Como única oradora, la senadora de Morena Gricelda Valencia subió a tribuna para secundar el planteamiento de Padilla —su compañero de fórmula en campaña—, de manera destacada en el costo que el cobro representa para los colimenses.

«Tenemos una de las casetas más costosas del país en lo que significa en su tramo carretero (…) Tenemos que dar oportunidad a la gente que visite nuestro estado, tenemos que reactivar la economía y el turismo», indicó.

 Bandera política 

La campaña contra la caseta de Cuyutlán es una de las causas que unen a la clase política colimense. En julio pasado, el gobernador Ignacio Peralta pidió a la SCT iniciar «un proceso administrativo legal para que se revoque, se decrete la nulidad y/o revocación del título de concesión de la caseta de Cuyutlán, en el municipio de Armería, junto con sus respectivas prórrogas”, solicitud que acompañó de «elementos jurídicos y financieros» que justifican echar abajo los derechos de cobro. Hasta este jueves, la respuesta de SCT no había llegado, de acuerdo con el mandatario.

«Hasta donde tengo información, no ha llegado; seguimos esperando», dijo Peralta a reporteros.

El gobernador había comentado la semana pasada que en la SCT —donde fue funcionario en el inicio del sexenio— le habían comentado que ya estaba lista la contestación a su solicitud, así que sólo faltaba hacerla llegar hasta Colima y, aunque para ello «no hay una fecha exacta», estimó que podría ocurrir «la próxima semana»… es decir, esta semana.

«Recibí la llamada del subsecretario de Infraestructura, que es el ingeniero Óscar Callejo, que me dijo que ya tiene lista la respuesta a un escrito que yo le mandé, y que se lo mandé por exhorto del Congreso del estado, particularmente del diputado Nabor Ochoa, y que ya tiene la respuesta. Le dije ‘bueno, pues mándame la respuesta’.

«Yo veré en qué términos está esa respuesta para cuál es nuestra postura en relación a la respuesta que nos da la SCT, pero inmediatamente después voy a turnar esa misma respuesta al Congreso del estado, que es quien solicitó el exhorto, y ya será el Congreso del estado quien decida qué hacer y cómo proceder en relación a la postura de ellos. Nosotros, la postura la vamos a definir y anunciamos con mucho gusto una vez que recibamos la respuesta de la SCT», comentó el 19 de septiembre.

Fuentes del Centro Colima de la SCT indicaron a EstaciónPacífico.com que la carta ya fue recibida en el despacho de Peralta.

El caso ha provocado revuelo en dicha caseta de la autopista que conecta al puerto de Manzanillo con Colima —y más allá con Guadalajara—, donde incluso manifestantes han tomado la caseta para impedir el cobro y, entre empujones y gritos, a su vez «grupos de choque» han impedido el bloqueo de las garitas.

«En diversos puntos de la República, los ciudadanos se manifiestan liberando casetas para permitir el libre tránsito, manifestaciones que, en algunos casos, han llegado a ser reprimidas con violencia por parte de las propias concesionarias de las carreteras (…) Mi estado, Colima, no es ajeno a esta realidad, vive en carne propia una inmoral e ilegal concesión que lesiona la economía de los colimenses», dijo el senador Padilla.

La empresa concesionaria, Promotora de Autopistas del Pacífico, S.A. de C.V, subsidiaria de Pinfra, niega que exista sustento legal para revocar el otorgamiento del título de concesión y sus subsecuentes prórrogas.

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