El Congreso aclara que la Austeridad no aplica a la 39… gracias a la Ley de Pensiones
El Congreso de Colima descartó que la Ley de Austeridad que aprobó hace dos semanas aplique contra la prestación de seguro médico privado para el magisterio estatal, aunque dicha legislación prohíbe contratar con recursos públicos este tipo de beneficios para los funcionarios.
El Legislativo estatal explicó este miércoles a través de un análisis legal —cuya autoría omite atribuir— que, pese a que ya está vigente el decreto que busca generar ahorros en el gasto público, prevalecerá la Ley de Pensiones que entrará en vigor el próximo 1 de enero, y así se “mantendrá intacta” esta prestación para la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el magisterio cuya nómina es pagada por el Gobierno del Estado.
“Por tratarse de una ley que entrará en vigor con posterioridad a la referida Ley de Austeridad y, además, en atención al principio de especialidad normativa, prevalece lo dispuesto por la nueva Ley de Pensiones y, por tanto, los maestros de la Sección 39 del SNTE mantendrán intacto su derecho a la prestación de servicios médicos”, indicó un comunicado de la Dirección de Comunicación Social del Congreso.
“Es claro que esta 59 Legislatura no ha eliminado una conquista laboral del magisterio, ni les ha dejado sin servicios médicos, como malintencionadamente se ha venido difundiendo; por ello, en su calidad de patrón equiparado, el Gobierno del Estado deberá seguir cumpliendo con el otorgamiento del servicio médico privado al que el propio Ejecutivo estatal se comprometió”, agregó.
Los artículos transitorios de la nueva Ley de Pensiones señalan que los profesores, beneficiarios y pensionados adscritos a la Sección 39 recibirán “servicios médico-asistenciales” de parte del Instituto de Pensiones —aún pendiente de creación—, el cual deberá “garantizar la calidad del servicio médico privado“, en tanto se expide la Ley de los Trabajadores de la Educación, en donde se regulará de forma definitiva este servicio. Este articulado también prevé la emisión de un Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores de la Educación, al día siguiente de la entrada en vigor del decreto, que ocurrirá el 1 de enero.
