¿Qué pasó con los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa?
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito revocó la decisión de un juzgado de primera instancia y concedió un amparo a un ciudadano que se inconformó por el proceso con el que se dio la designación de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, con lo cual dichos nombramientos fueron revocados.
El juicio de amparo fue promovido por el ciudadano Rumualdo García —el director jurídico del Ayuntamiento de Colima cuando Héctor Insúa fue alcalde y que hoy es director de Proceso Legislativo del Congreso local—, quien recibió la negativa del Juzgado Primero de Distrito al definir el sobreseimiento del recurso; sin embargo, el Tribunal Colegiado revocó la resolución anterior y concedió el amparo.
El asunto se enlistó el 13 de marzo y la sesión se dio el 22 de marzo, en la cual se puso a consideración del Tribunal Colegiado el proyecto del magistrado José David Cisneros Alcalá, el cual fue avalado por unanimidad.
En el expediente del caso de amparo en revisión —con número asignado 35/2019 y que puede consultarse en el sitio web de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal—, se concedió el amparo al detectar “vicios formales” y con esto se “revoca” el decreto con el que se aprobó el 16 de julio de 2018 los nombramientos de Andrés García Noriega, Yarazeth Villalpando y Juan Manuel Figueroa como magistrados del —recientemente creado— Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.
Esta resolución sólo podría ser revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en caso de que alguno de los involucrados lo solicitara, y se considerara que existe alguna violación a algún precepto constitucional, pero especialistas consultados por EstaciónPacífico.com consideran poco probable que esto suceda por las características del expediente.
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Si se repone el procedimiento como ordena el Tribunal Colegiado, el mandatario estatal tendrá que enviar de nuevo una terna con propuestas de magistrados, y ésta tendría que ser avalada por dos terceras partes de los diputados locales presentes en la sesión respectiva del Congreso del Estado.
