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Política

¿Doble pensión… o por qué defiende Martín Flores la Modalidad 10 del IMSS?

La manera bajo la cual los trabajadores sindicalizados de la administración pública estatal están incorporados en el IMSS representa el siguiente frente en la batalla sindical de Colima: mantenerlos en la Modalidad 10 es el principal objetivo de Martín Flores en su séptimo periodo como líder de la burocracia estatal.

Así lo ha dicho Flores con claridad en el pasado reciente, lo dejó en claro en su más reciente informe de labores —en el que fue el tema más aplaudido de su discurso y hasta terminó en porras de “sí se puede”—, y en entrevista con EstaciónPacífico.com ofrece sus razones: mantenerse en la Modalidad 10 contra la intención del Gobierno del Estado de pasarlos a la Modalidad 38 representa la defensa de la “seguridad social integral”, como cotizan “desde 1981”.

La Modalidad 10 del IMSS es la que tienen los trabajadores que se incorporan de manera obligatoria (como los empleados de cualquier empresa privada), y en el régimen voluntario puede incorporar por medio de un convenio a los trabajadores de entes públicos, lo que les permite mantener no sólo la misma cobertura médica y prestaciones, sino también los derechos a una pensión de este Instituto.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) de Colima rechaza que la doble pensión sea la principal razón de esta lucha, pero reconoce que es parte de lo que quieren defender. ¿Y si alguien considerara injusto que los burócratas tengan dos pensiones no sólo financiadas por sus aportaciones, sino también por las de su patrón (el gobierno con recursos de los ciudadanos de Colima)? Pues Martín Flores “respetaría los sentimientos de la población” pero advierte que ya analiza estrategias para preservar sus intereses, tanto por la vía legal como por la “resistencia civil”.

En mayo pasado, la administración estatal que encabeza el gobernador Ignacio Peralta cambió a sus trabajadores de confianza de la Modalidad 10 a la 38, y han analizado alternativas, tanto con el IMSS como con el sindicato, para encontrar una salida para los trabajadores sindicalizados. Esto, después de que el IMSS realizó en 2015 una auditoría al Gobierno del Estado como patrón, en la cual identificó como una irregularidad que todos sus trabajadores cotizan a 4.1 salarios mínimos, lo que es distinto (e inferior en la gran mayoría de los casos) a su salario real, por lo que fincó multas y un crédito fiscal a pagar por alrededor de 200 millones de pesos.

Lee: Cobertura, pensión y otras 3 claves del cambio en el IMSS para burócratas

A pesar de ello, Flores asegura que cotizar a 4.1 salarios mínimos es legal y viable y que, en este tema, nada tiene que cambiar.

A continuación te presentamos los principales planteamientos del líder de la burocracia estatal sobre la defensa que hace para que sus agremiados se mantengan incorporados al IMSS bajo la Modalidad 10.

 Cotizar a 4.1 salarios mínimos, ¿es legal? 

Pese al crédito fiscal fincado al Gobierno estatal como patrón por la manera en que están incorporados sus trabajadores al IMSS, Martín Flores insiste que es perfectamente legal que éstos se mantengan en la referida Modalidad 10 cotizando a 4.1 salarios mínimos.

“Es legal el convenio que firma el gobierno con el IMSS, la legalidad se la va a dar el convenio (…) Es (un) convenio de incorporación y no violenta la ley; voluntaria, es de acuerdo a las partes: gobierno, IMSS y Sindicato tenemos que ponemos de acuerdo”, indica.

Flores relata que en pláticas sostenidas con el IMSS hace algunos meses, cuando todavía era director Germán Martínez, éste le preguntó a su equipo jurídico si era legal y viable lo planteado por este sindicato colimense: “Dijeron que es legal y viable, que el promedio de cotización nacional es del 3.5 (salarios mínimos), que estábamos por arriba y que la ley no permitía un convenio por debajo del promedio (nacional), que estábamos muy por encima con el 4.1 y que era viable porque es un convenio de incorporación voluntaria y que está el director facultado a realizarlo”.

Sin embargo, el líder gremial reconoce que esta visión no llegó a un convenio firmado con este Instituto. Durante la charla, hace gimnasia discursiva para hablar de un salario promedio convenido y no aceptar que éste es distinto al salario real de los trabajadores, aunque está implícito en otros de sus argumentos. “Salario promedio convenido, convenido”, repite.

 No buscan afectar las finanzas estatales 

El líder de la burocracia estatal rechaza que la autoridad busque evitar problemas con el IMSS cambiando a los trabajadores a la Modalidad 38. Es mantenerse en la Modalidad 10 o salirse del Seguro Social: “Si al IMSS le interesamos como clientes, le seguimos; si no, nos vamos. Es sencillo”.

Flores reconoce que cotizar a salario real en la Modalidad 10 representaría una afectación para las finanzas estatales, y por eso no lo plantean.

—“¿Modalidad 10 a salario real?”, se le pregunta.

—“No, por ningún motivo. 4.1 salarios mínimos. Nosotros no pretendemos poner en riesgo las finanzas del estado en ningún momento, así lo hicimos en la reforma pensionaria”, enfatiza.

 ¿Cuál afectación tendrían en la Modalidad 38? 

Para Martín Flores defender el quedarse en la Modalidad 10 implica no sólo que mantengan una pensión en el IMSS —además de la que tienen por derecho en el Instituto Estatal de Pensiones (Ipecol)—, sino que es la defensa de todo un esquema de seguridad social integral.

Flores asegura que pierden prestaciones, principalmente la cobertura para casos de invalidez.“Es la seguridad social integral que tiene cinco coberturas y la Modalidad 38 tiene dos, así de sencillo, solamente tiene dos: servicios médicos y riesgos de trabajo, eso es lo que tiene. Y la 10 es cobertura total en seguridad social, es completa”, detalla.

“Perdemos prestaciones en dinero y en seguridad social, bastante. Perdemos la invalidez que no es por riesgo de trabajo”, agrega.

 ¿Es justa una doble pensión? 

El secretario general del STSGE reconoce que su defensa también incluye mantener el derecho de los trabajadores a pensionarse en el IMSS, además de la jubilación que tienen garantizada a través del sistema estatal. Acepta que la prestación del IMSS le cuesta también a su patrón, es decir, a los ciudadanos de Colima, pero señala que también hay un costo para sus agremiados.

—“Es que (los trabajadores) aportamos a los dos (sistemas de pensiones)”.

—“Pero el patrón también aporta a los dos, y el patrón es el pueblo de Colima”, se le comenta.

—“Claro, claro. El esfuerzo que realizas, lo que tú hagas y convengas te cuesta, tienes que aportarle, no es solo una aportación, es bipartita y le quiero decir a la población que siempre vamos a salvaguardar el servicio y las finanzas del estado, nunca las vamos a poner en riesgo; y, lo más importante, vamos a desquitar nuestro sueldo”, afirma.

—“¿Crees que a la gente le pueda parecer injusto que tengan dos pensiones, cuando la mayoría de los mexicanos no tiene ninguna?”, se le insiste.

—“Yo respetaría los sentimientos de la población, y por supuesto que yo soy parte de este pueblo, y comulgo con que seamos justos y equitativos; y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y por lo que luchas y trabajas”, revira.

 La advertencia de la defensa jurídica y la ‘social’ 

Martín Flores confía en que es legal la Modalidad 10 a 4.1 salarios mínimos, y en que logrará dejarlo plasmado en un convenio firmado con el IMSS a través de negociaciones políticas. Pero si no lo logra, y si el IMSS insiste en que se tiene que cotizar a salario real y si, ante esto, el gobierno estatal opta por pasarlos unilateralmente a la Modalidad 38, están listos para dar la batalla… tanto en los tribunales como en las calles.

Para ello, asegura, tienen preparados recursos de amparo para cada uno de los más de 2 mil agremiados.

“Y por todas las vías, no solamente la del amparo. Hay dos tribunales, un tribunal laboral local, el Tribunal de Justicia Administrativa local y el Tribunal de Justicia Administrativa federal… Y además tenemos la defensa social, la resistencia civil organizada”, advierte.

Flores niega que se trata de una amenaza de huelga: “No es paro, es una estrategia que tengo con policías, con todos los servidores públicos que se sienten afectados por esta medida, no solamente los sindicalizados, vamos a ir con todas las familias a defender este derecho. Movilizaríamos a 18 mil familias en el estado para defender este derecho”.

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