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Seguridad

Los efectos de la ola de violencia en Colima no excluyen a las mujeres

“Se matan entre ellos”, ha sido parte del discurso de los gobiernos locales para justificar el recrudecimiento de la violencia homicida a nivel nacional. En Colima… ¿es así?

Datos del apartado de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) procesados por el think tank México Evalúa refieren que Colima pasó de ser uno de los estados con menor incidencia en delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, específicamente feminicidio, homicidio doloso y lesiones en 2015, a contar con tasas entre las más elevadas a nivel nacional en 2018. Es decir, la violencia que prevalece en la entidad no es exclusiva de los hombres.

El coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa, David Ramírez de Garay, precisa que para registrar esa medición sumaron el total de delitos acontecidos en cada uno de esos años y calcularon la tasa por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, reconoce que algo que la infografía no reporta es que el aumento en delitos contra las mujeres guarda relación con el incremento en la violencia homicida.

“En lugares donde incrementa el homicidio de hombres, también incrementa el homicidio de mujeres, en menor proporción, sigue habiendo una diferencia importante, pero sí crecen de manera similar”, dice vía telefónica a EstaciónPacífico.com.

“Si tomamos en cuenta ese argumento y vemos cómo ha sido el crecimiento del fenómeno criminal, sobre todo homicidio en Colima, eso sería parte de la explicación de por qué vemos un incremento en homicidios, feminicidios y lesiones”, señaló.

El experto en seguridad dijo que algunas de las explicaciones de ese fenómeno guardan relación con una normalización de la violencia entre la sociedad o temas de violencia intrafamiliar.

“Parte de esa violencia que se da en el espacio familiar, que quizá después, si se conjugan los factores, podría estar vinculada a un homicidio, ya sea dentro del seno familiar, o un homicidio realizado por alguien que pertenece a esa familia. Esa violencia previa suele ser violencia de género básicamente, en algunas de sus modalidades”, detalla.

“De ahí es donde se puede explicar cómo un tipo de violencia en específico puede llegar a jalar otro tipo de violencia, como es la violencia contra las mujeres”, agrega.

El apartado de violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo, refiere que los dos feminicidios registrados entre enero y julio de 2019 en la entidad correspondieron a mujeres menores de edad. La tasa en ese delito coloca a Colima en el peldaño número 19 a nivel nacional, con 0.5 casos por cada 100 mil habitantes.

La base de datos destaca que en ese mismo periodo Colima tiene la tasa más elevada a nivel nacional en homicidios dolosos contra mujeres, con 12.7 casos por cada 100 mil habitantes. El estado cuenta con la tasa más alta en lesiones dolosas contra mujeres, con 86.4 casos por cada 100 mil habitantes.

 La lectura de la violencia 

Ramírez de Garay considera que el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres pone en evidencia el escaso desarrollo de las instituciones de seguridad: deficiencias en el acceso a la justicia, en la atención a víctimas, en la capacitación de policías y en las carencias del sistema carcelario.

“El sistema de justicia, sus graves problemas en términos de implementación de justicia, de atención a las víctimas, estamos hablando del tema de las policías, la falta de desarrollo institucional y profesionalización, la ausencia de estrategias efectivas, los pocos esfuerzos en prevenciones, el sistema carcelario, que no está vinculado con tema alguno de reinserción”, señala.

El coordinador del programa de Seguridad de México Evalúa menciona que la sociedad tiene la obligación de exigir a las autoridades que salgan del letargo y garanticen resultados.

“Exigir, demandar que las autoridades hagan algo al respecto, pero no solamente hacer por hacer, sino que lo hagan de una forma que garanticen los resultados. Que los diversos autores que viven en una sociedad se involucren en la toma de decisiones, pero al mismo tiempo que los programas de políticas públicas que se diseñen estén basados en evidencia, que estén sujetos a evaluación por todos los actores involucrados para poder detectar si un programa funciona y poder seguir adelante, o si no está funcionando, optar por otro curso”, detalla.

 Lo que se tiene que cambiar 

El investigador refiere que hay varias fallas en la persecución del delito de feminicidio, entre las que destacó la frecuencia con la que las mujeres son revictimizadas, la falta de protocolos de atención adecuados y las dificultades para clasificar los feminicidios, por ser un concepto jurídico que depende de los códigos penales de cada estado.

“El problema con el feminicidio es que es un concepto jurídico que depende de los códigos estatales, es un tema que hay que resolver, hay que homologar criterios. No hay las suficientes líneas estratégicas de investigación en las procuradurías o en las fiscalías del país para darle salida expedita a este tipo de delitos. No son pocos los recuentos de los procesos tortuosos que tienen que pasar los familiares en las investigaciones, es un tema que se tiene que resolver”, asevera.

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