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Política

Las razones de Díaz Torrejón para defender el caso de los ahorradores de JOV

Agustín Díaz Torrejón, abogado de personas defraudadas por la caja de ahorro JOV, apunta las razones con las que defiende los intereses de los reclamantes, que el pasado sábado tomaron un inmueble en la colonia Santa Bárbara de la capital colimense, acción que desató la reacción de autoridades locales y federales, además de actores políticos.

‘El abogado del pueblo’ —como lo llaman sus seguidores—, explica en entrevista que sus representados únicamente buscan justicia, por la vía de que les sean entregadas las propiedades con las que JOV prometió pagarles luego de perder un juicio, o que se vendan las mismas y se les pague con lo que se recaude. Asevera que, en el caso de las viviendas que están ocupadas, plantean que los habitantes comprueben por qué motivo las habitan y llegar a acuerdos.

“Donde nos han demostrado, no tuvimos ningún problema, las que se han demostrado hay que resguardarlas. Donde no nos han podido acreditar, han entendido. Lo único que se le pedía era que mostraran el documento que le permitía estar en las propiedades de los ahorradores”, señala en referencia a la vivienda recientemente reclamada, donde vivían un par de mujeres, familiares del coordinador de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra.

Sobre ese tema, el actuar de algunos de los ahorradores defraudados de JOV… y sus (no) aspiraciones políticas, habla desde su despacho el abogado Díaz Torrejón.

 —¿Es defensa de los detenidos o de los ahorradores defraudados de JOV? 

“Los que demandan a JOV por la vía civil son aproximadamente 3 mil 900 ahorradores, en 2001. De esa cantidad de ahorradores, un grupo de ellos se organiza en una asociación civil con la intención de que se cumpla esa sentencia que ganaron y me nombraron como apoderado legal”.

 —¿Pero es defensor legal de las personas que aparecen en el video del sábado? 

“En este momento no, parte de nuestro equipo de abogados, los especialistas en materia penal son los que ahorita tienen la representación en la defensa”.

 —¿Por qué declaró ilegal la detención el juez de estas personas? 

“Es una resolución histórica, mis respetos para el juez. Para que la Policía entre a un domicilio particular, hay dos formas, con una orden que expide una autoridad competente o cuando la persona autoriza que pasen a su domicilio. Para que puedas autorizar que la Policía pase a tu domicilio tienes que tener una autoridad, es decir, o te prestaron la casa, te la rentaron, es tuya.

“Cuando las personas salen de la casa, alegando que fueron despojadas, automáticamente pierden la facultad de disponer de cualquier cosa de esa casa. Entonces la autorización que ellas le dieron a la Policía para entrar es ilegal. Aquí es donde les dice el juez ‘usted ya no tenía la calidad de pedirle a la Policía que entrara, y la Policía entró porque usted se lo pidió, por lo tanto, la detención es ilegal”.

 —Legalmente, ¿por qué argumentan que esa casa les pertenece a los defraudados de JOV? 

“Son personas que desde hace 20 años han exigido justicia y la obtuvieron a través de un juez. Estas 3 mil personas demandan a JOV en el 2001, el juicio duró hasta 2007, en 2007 se emite la sentencia y dicen ‘ganaron los ahorradores, que JOV les pague’.

“Obviamente JOV tiene defensa en contra de esa sentencia, tiene recursos para impugnarla y los intenta. Agotó todo y perdió, entonces JOV reconoce que tiene que pagar y dice ‘no tengo dinero, les voy a pagar con inmuebles, ¿cuántos? Aproximadamente 50.

“En 2014 le dice al juez, ‘juez, ya perdí, me queda claro que tengo que cumplir y les propongo dar en ración en pago esos inmuebles. Es con esa sentencia con la que se acredita que los dueños de los inmuebles son los ahorradores de JOV, ¿cuáles? Todos, que son los que ganaron la sentencia. Hay casas, hay terrenos, hay departamentos, hay cabañas, hay minas, son muchas propiedades”.

 —¿Cuál es el estatus jurídico de las personas que estuvieron detenidas y que fueron liberadas? 

“Están sujetas a un procedimiento penal que van a enfrentar en libertad, porque así lo determinó el juez, toda vez que declaró no convalidar la detención de los policías que hicieron en el domicilio. Entonces dice ‘vengan y enfrenten el proceso, vamos a continuar con él, pero van a estar ustedes en libertad’. Ahora la Fiscalía va a señalarles a ellos los delitos que desde su perspectiva, la investigación que hacen, se configura. Obviamente eso no significa que sean ciertos los delitos”.

 —¿Cuál debe ser el procedimiento para que se les entreguen esas propiedades? 

“El procedimiento debió de haberlo hecho el Gobierno del Estado en su momento, desde 2014, a través del organismo que creó en el gobierno de Mario Anguiano, el Organismo Interventor para Coadyuvar con el Pago de los Ahorradores de la Caja Popular del Pacífico S. C. L. No obstante que era un problema entre particulares, es decir, el dueño de una caja de ahorro, los ahorradores que lo demandan y había que vender los inmuebles para cobrarse.

“El Gobierno del Estado metió un organismo, puso todas las propiedades a nombre de ese organismo, las voy a vender y ahora sí las voy a repartir, pero el gobierno no hizo nada.

“Ese organismo cuando Nacho (Ignacio Peralta) llega al poder (2016) lo refunda, coloca más asientos, pero ningún asiento para los ahorradores. No obstante que son la razón de ser, nadie de ellos está en ese organismo, está el gobernador, el secretario General de Gobierno, el de Finanzas, el de Administración, el consejero Jurídico, quien es el director general del organismo y la Contralora.

“A mí el asunto me llega el año pasado y les digo ‘ustedes son los dueños, pero el organismo está dejando de hacer cosas’. ¿Quieren saber cómo estamos? Hay que preguntar. Vas y preguntas ‘oiga, esta es mi propiedad’ y las personas que están ahí dicen ‘pero yo tengo un contrato’, eso se respeta, como se han ido respetando las cosas. En el caso particular de aquí (Cóndor 108) no nos mostraron nada, no pudieron comprobar nada.

“Nos encontramos que en ciertos inmuebles está metida familia de Fernando Moreno Peña, y en este caso la tía de Vladimir Parra Barragán.

 —¿En qué está trabado el procedimiento para que se entreguen las propiedades a los ahorradores? 

“Sucedió algo interesante, que en esas mismas propiedades también está metida la Federación, porque abrió un aspecto penal en contra de JOV, en ese momento también la PGR entró por delitos y aseguró los inmuebles, después se los pasó al SAE (Servicio de Administración y Enajenación de Bienes).

“Ya estamos sentados con el SAE, hemos tenido un par de reuniones en México, ya entendieron, porque ellos argumentaban que los inmuebles eran de ellos, pero nosotros tenemos una sentencia también y tenemos una ración en pago. Que no se le olvide al SAE que Andrés Manuel López Obrador quiere a su pueblo y esos inmuebles son de los ahorradores, no de la Federación ¿Quieren quedarse con los inmuebles? No hay problema, pero que paguen”.

 —¿Qué le relatan los ahorradores que sucedió la mañana del sábado en los domicilios en cuestión? 

“No puedo hablar mucho de ese tema porque están metidos en el proceso, pero fundamentalmente me hablan y me dicen ‘oiga, venimos a que nos firmara el contrato (la tía de Vladimir Parra) y nos detuvieron. Ya lo ventilaremos, porque son hechos, datos y pruebas que se aportan al juicio”.

 —En su percepción, ¿bajo qué estatus jurídico tiene posesión Liz Parra y su madre de esa vivienda? 

“No la han acreditado, nos han dado varias versiones, que les prestaron, que rentaron, que esto y que el otro, ahora creo que son dueñas, no sé. Al final del día no han aportado el documento correspondiente o las pruebas correspondientes que acrediten alguna de sus versiones que han manifestado”.

 —¿Por qué se han concentrado en esta propiedad y no en el resto que pudieran estar en situaciones similares? ¿Algo tiene que ver el parentesco con Vladimir Parra? 

“Porque no han demostrado. Donde nos han demostrado no tuvimos ningún problema, las que se han demostrado hay que resguardarlas. Donde no nos han podido acreditar, han entendido. Lo único que se le pedía era que mostrara el documento que le permitía estar en las propiedades de los ahorradores.

“Tengo entendido que los ahorradores le decían, porque esta no era la primera vez que platicaban con la señora, anteriormente ya le habían dicho ‘oigan, fírmenos nada más un papel y usted siga, pero fírmenos un comodato’. Un comodato es que te la presto, no me pagas renta, pero te la presto, para tener segura la propiedad”.

 —¿Qué ha pasado con los habitantes que no han podido acreditar la propiedad de las casas? 

“Es que nos faltan por revisar, pero con los demás no hemos tenido problemas, por ahí cerca de esa misma casa alguien nos dijo que le diéramos unos días para buscar una casa y no hubo ningún problema”.

 —¿Le gustaría ser gobernador? 

“Esa parte a mí no me corresponde, la gente quiere que sea y les digo ‘no, entiéndanme, yo no ocupo un cargo para hacer esto y se los estoy demostrando. Amo a la gente y se los estoy demostrando. No es una decisión mía, es una decisión de la gente. Entiendo que la gente ve en mí una esperanza, pero mi esperanza es encontrar al hombre o a la mujer idónea que nos ayude a salir adelante”.

 —¿Se descarta o no se descarta? 

“En este momento, me descarto”.

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