592 expedientes y heridas abiertas por desaparición de personas en Colima

“Te seguiremos buscando hasta encontrarte”. Es la promesa que se lee en un volante pegado en una de las puertas de la Central Foránea de Colima. La hoja muestra la cara de un joven sonriente. Tiene el cabello castaño claro, los ojos color miel, viste una playera azul y un pantalón del mismo tono. Se llama James Page Gutiérrez y su familia no sabe nada sobre él desde el sábado 25 de febrero de 2017.

A pesar de su apariencia anglosajona, James tiene raíces latinas y cada que había oportunidad, gustaba de visitarlas. El periodo vacacional decembrino del año 2016 no fue la excepción: el joven, como acostumbraba, vino a Colima para convivir con la familia materna, de noviembre de ese mismo año a febrero de 2017, fecha en la que regresaría a California, en Estados Unidos, su tierra natal… Sin embargo, esto no ocurrió.

“Ya estaba por regresar a Estados Unidos, un día antes, uno de mis hermanos que vive cerca de la Central Camionera, en la colonia Milenio, se lo llevó a dormir a su casa para llevarlo temprano a la central (…) Su camión salía el sábado; el sábado temprano todo el mundo se fue a trabajar, cuando mi sobrino salió de su trabajo y llegó a la casa, como a la una, mi hijo ya no estaba”, relató a EstaciónPacífico.com Teresa Gutiérrez, mamá de James, quien luego de año y medio de la desaparición de su hijo continúa en la búsqueda de algún dato que la acerque a él, a entender qué pasó.

 Más que cifras 

Datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD) de la Secretaría de Gobernación (Segob) —pero procesados por la asociación civil Serapaz— reflejan un total de 592 expedientes aún por resolver en Colima hasta el 30 de abril de este año —fecha en que se suspendieron las actualizaciones.

Tan sólo entre 2017 y el primer cuatrimestre de 2018, en la entidad ocurrieron 387 casos. El RNPD reporta que en este año se registraron 159 personas en calidad de desaparecidas o extraviadas, de las cuales 157 fueron de nacionalidad mexicana y dos extranjeros; mientras que en 2017, de los 228 casos reportados, 227 fueron mexicanos y sólo uno fue extranjero: el de James.

Esta ‘explosión’ de desapariciones es otro capítulo de la crisis de inseguridad en Colima, que desde 2016 se ubica con los mayores niveles proporcionales de violencia homicida en todo el país.

Este récord no indica si ha habido más desapariciones hasta la fecha, pues las cifras ya no se van a actualizar hasta entrado 2019, cuando se constituya el nuevo Registro Nacional bajo el trabajo de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda, contemplada en la Ley General en materia de Desaparición Forzada, aprobada en octubre de 2017 por el Congreso de la Unión.

Junto al de James, otras historias se apilan en los escritorios de las autoridades, como la de Kelsy Naomi, menor de 8 años cuyo paradero se desconoce desde el 19 de mayo de 2017, cuando salió a vender donas en Tecomán y ya no regresó; o el de Alexandra Lisbeth Aguilar Barragán, manzanillense de 21 años, quien la noche del 24 de mayo del mismo año abordó un taxi para acudir a una fiesta, pero no llegó a su destino; así como el de Juan Germán Galomo Aranda, de 23 años, que salió de su casa el 27 de mayo 2017 con la intención de cobrar su finiquito en el restaurante donde trabajaba y que nunca regresó a casa.

Las referidas desapariciones formaron parte de una serie de atentados que se suscitaron en Colima, todos en mayo de 2017. Ante esa situación, los familiares de los desaparecidos convocaron a tres marchas para exigir al entonces procurador colimense, José Guadalupe Franco Escobar, la presentación con vida de sus seres queridos.

Franco Escobar fue cesado de su cargo en febrero de 2018 luego del asesinato del empresario Ricardo Uribe Clarín, en una concurrida avenida en la capital colimense. Cuando ocurrió el homicidio, el ahora exprocurador se encontraba en una corrida de toros, en los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez; en el momento de la decisión del despido también fue cesado el secretario de Seguridad Pública Francisco Javier Castaño Suárez.

Este jueves 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y otras organizaciones civiles realizan eventos para alzar la voz y exigir justicia en al menos 18 de los 32 estados de la República Mexicana. En Colima, pese a las cifras del horror, no habrá actos debido a que hasta el momento no existen grupos organizados de búsqueda de personas desaparecidas.

 Los antecedentes 

La referida base de datos muestra que entre 2000 y 2009 los reportes de personas desaparecidas o extraviadas del fuero común, es decir cuya denuncia se interpuso ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), apenas llegaron a cinco: dos mujeres y tres hombres.

Pero para 2010, el fenómeno se incrementó a más de doble. Ese año se registraron 12 desapariciones en la entidad: dos mujeres y 10 hombres.

Desde entonces, las cifras comenzaron a crecer. En 2011 sumaron 20 personas no localizadas (una mujer, 19 hombres), en 2012 fueron 34 (tres mujeres, 31 hombres) y en 2013 fueron 41 (5 mujeres, 36 hombres). Después vino una disminución de 2014 a 2015, con 19 y 10 casos, respectivamente.

Para 2016, los reportes dan cuenta de un salto de hasta al menos 64 nuevas desapariciones.

Al año siguiente, el de James se suma a otros 227 desapariciones, es decir que de un año a otro la crisis creció 3.5 veces. Desde el día en que se vio por última vez a su hijo, Teresa vuelve a México tres o cuatro veces al año para consultar con las autoridades colimenses los avances en la investigación. Asegura que hasta el momento, no ha tenido noticias.

“Es un niño tranquilo, con pocas amistades, no usa redes sociales, tiene un poco de Ásperger —un trastorno del espectro autista— (…) Él es completamente anglosajón, se ve muy americano, al principio pensamos que era un secuestro, por ser ciudadano americano. Por una semana, la Procuraduría estuvo tratando el caso como secuestro, pero luego lo pasaron a la carpeta de desaparecidos”, precisó Teresa Gutiérrez; la desaparición de su hijo coincide con las fechas en las que las cifras de desapariciones presentaron un recrudecimiento.

Teresa recuerda que pocos días después de la desaparición de James, incluso comenzaron a recibir intentos de extorsión vía telefónica, pues debido la rápida difusión del hecho en redes sociales, no faltó quien buscó sacar provecho del dolor ajeno.

“Hubo una llamada. Nos pedían cinco millones de pesos, pero las (autoridades) de secuestros checaron y se dieron cuenta de que era una extorsión. De inmediato, pusimos en redes sociales que mi hijo estaba desaparecido, y algo así como al segundo día nos llamaron. La policía ya nos había dicho que no ofreciéramos recompensa, y nos dejaron de llamar”, añadió en entrevista telefónica.

A nivel nacional, entre 2000 y 2018 se registraron 36 mil 265 desapariciones, un promedio de mil 133 casos por cada una de las 32 entidades federativas en ese mismo periodo. Sin embargo, algunos estados registran datos más escandalosos, como Tamaulipas, con 5 mil 990; Sinaloa, con 3 mil 27 reportes; Estado de México, con 3 mil 890; los estados vecinos de Jalisco y Michoacán, con 3 mil 362 y mil 215 casos, respectivamente, y Coahuila, con mil 753 reportes.

En Colima, suman 592 personas desaparecidas en esos últimos 18 años, mientras que en Tlaxcala, también una entidad pequeña y con menor población, se registraron 24 casos en el mismo periodo, una fracción de los ocurridos en Colima, y que también permanecen pendientes de esclarecer.

 Una perspectiva desde otro punto del mapa 

Diana Iris García es integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), una organización civil donde más de 120 familias se coordinan y encuentran fuerzas para seguir en la búsqueda de alrededor de 500 personas. La activista relató que de 2009 a 2011 fueron “años negros” para Coahuila, con sus cifras de desapariciones más altas: en 2009 hubo 236, en 2010 fueron 310 y en 2011 sumaron 348.

Iris García puntualizó que la mayoría de las víctimas fueron hombres en edad productiva —entre 23 y 40 años— y muchos con la particularidad de haber sido desaparecidos en colectivo mientras transitaban por el estado norteño.

“El contexto de las desapariciones es distinto en cada región e incluso en cada estado (…) Depende de un análisis más criminal, de cuáles fueron los grupos (del crimen organizado) que permanecieron a lo largo del tiempo en diferentes entidades federativas, hasta ver qué partidos políticos estaban a cargo en cada entidad (…) Tenemos desde una hasta 20 personas raptadas en un solo evento, justo pasaban por el estado de Coahuila y los desaparecieron”, precisó en entrevista telefónica.

Para Diana, los reportes de desaparecidos pueden no reflejar el panorama completo, pues asegura que en muchas ocasiones, los familiares de las víctimas temen denunciar la ausencia de su ser querido, ya sea por estigmas sociales o porque las propias autoridades de procuración de justicia complican ese procedimiento.

“La familia en ocasiones tiene miedo, piensa que es un secuestro y espera un poco. Muchas veces la misma sociedad juzga, o cuando la familia intenta denunciar las mismas personas encargadas de la procuraduría o ministerios públicos le dicen a la familia que no denuncien porque le puede pasar algo al ser desaparecido (…) Está también este estigma de que los desaparecidos es porque andaban en ‘algo’”, explicó.

Pese a estos obstáculos, la activista recomienda a cada una de las familias que atraviesan por esa situación que denuncien, que den a conocer el caso tan pronto como sea posible y se acerquen a alguna organización de la sociedad civil o de defensa de Derechos Humanos.

Diana Iris sabe de lo que habla. Ella busca a su hijo, Daniel Cantú Iris, quien desapareció el 21 de febrero de 2007 en el municipio de Ramos Arizpe, en Coahuila, junto con dos personas más. Hasta la publicación de esta nota, suman 4 mil 209 días desde que el joven egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) fue visto por su familia por última vez.

Diana y Teresa no se conocen entre sí, pero tienen mucho en común. La firme creencia de que la esperanza, es lo único que no desaparece.

 Desaparecidos, una herencia para gobierno de AMLO 

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, instó al gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador a “marcar un punto de quiebre” y a abolir la dolorosa historia que ha marcado a las familias y a las víctimas de desaparición en México.

El funcionario internacional invitó al presidente electo a fortalecer su relación con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a bien de mejorar los mecanismos de seguimiento y cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana en materia de desaparición.

“El reto no solamente es de la Federación. Los estados y los municipios también tienen que comprometerse, reconocer el problema, su trágica incidencia y el dolor causado a las víctimas, así como abrir espacios de participación auténticos para las familias”, destacó el comisionado.

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