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Economía y negocios

El ‘boquete’ en pensiones es peor de lo que se pensaba: suma 980 mdp

El faltante que el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial colimense, los 10 ayuntamientos y diversos órganos públicos tienen con el sistema de pensiones de Colima ya había prendido alarmas, pero resulta que la situación es peor: la nueva Ley de Pensiones incluye una actualización sobre los compromisos, que ascienden a más de 980 millones 300 mil pesos.

Con corte a agosto, los organismos reconocieron pendientes por dicho monto, de acuerdo con el dictamen aprobado este jueves, que señala que para ser finiquitados podrán celebrarse convenios con el nuevo Instituto de Pensiones (antes Dirección de Pensiones) por un plazo de hasta 20 años con una tasa de interés equivalente a la Tasa de Interés Interbancaria, sin que exceda del 10%. Y el mismo documento abre la puerta a que aún puedan entrar a esta ‘bolsa’ las obligaciones que se acumulen en lo que resta del año.

La mayor parte de la deuda corresponde a recursos faltantes de las retenciones a trabajadores del Gobierno del Estado equivalentes a 729 millones de pesos (74.3% del total); le sigue el Ayuntamiento de Colima con una deuda por 102 millones (10.4%) y el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, que debe 68.3 millones de pesos (6.9%).

Los organismos que menos deben son el Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima, con 15 mil pesos (0.001%), el Instituto Colimense de las Mujeres, con 7 mil pesos (0.007%) y el Incodis, que adeuda 255 pesos (0.0002%).

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) informó el pasado miércoles al entregar el informe resultado de la fiscalización a las cuentas públicas del año 2011 a 2016, que los recursos faltantes motivaron una observación de parte de el órgano auditor. Dicho procedimiento contemplaba un monto por 863.5 mdp con corte hasta 2016; es decir que en dos años y medio éste creció 13.5%.

Lee: La auditoría detecta ‘boquete’ de $863 millones en el área de pensiones

El organismo auditor detalló que se encuentran a la espera de la determinación de las sanciones correspondientes de parte de las autoridades del recientemente creado Sistema Estatal Anticorrupción.

El gobernador de Colima, Ignacio Peralta, consideró que la detección del adeudo por parte del Osafig debe dar certeza a los trabajadores de que la administración estatal tiene conocimiento de las irregularidades y de que habrá un mecanismo jurídico que garantizará el pago de los compromisos.

El Congreso de Colima aprueba una nueva Ley de Pensiones

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