Tras revés judicial por la caseta de Cuyutlán, Nacho recurre al gobierno de AMLO
El Gobierno del Estado busca una reunión con áreas técnicas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), luego de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa desechó la solicitud de juicio de nulidad de la concesión de la autopista Armería-Manzanillo, que tiene la empresa Pinfra.
El gobernador Ignacio Peralta anunció este lunes que solicitan que el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, fije un posicionamiento sobre la petición que su administración planteó a la misma instancia en julio de 2018 para retirar el permiso de operación a la referida empresa, que fue rechazada en octubre por la misma dependencia, entonces encabezada por Gerardo Ruiz Esparza, aún en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“La respuesta que nos dio la SCT originalmente no nos convenció, no la compartimos. Creemos que no es la respuesta correcta y por eso insistimos en que la SCT fije una postura y habiendo cambiado el titular de la administración pública federal y sus secretarios, creemos que debe este gobierno hacer un posicionamiento claro en relación a esta caseta”, expuso Peralta este lunes en una rueda de prensa realizada en Casa de Gobierno.
El mandatario estatal afirmó que solicitó realizar una auditoría a los ingresos y egresos de Pinfra con la Caseta de Cuyutlán, pues comentó que la valoración que haga la SCT debe ser enfocarse en el tema financiero, además de los aspectos jurídicos.
“Estamos convencido que tenemos la razón legal y creemos que la SCT podrá hacer una adecuada valoración que concluya con la revocación de la concesión, valoración que como lo hemos dicho, debe concentrarse en los aspectos jurídicos de validez legal de la caseta, así como en los temas financieros, particularmente en la solicitud que hemos hecho a los ingresos y egresos de la caseta concesionada (…) Entendemos que esto puede ser en los próximos días”, agregó.
El titular del Ejecutivo envió el 9 de noviembre una solicitud a la Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para iniciar el proceso legal para revocar a Pinfra la concesión que tiene desde 1990 y a la que se le han hecho cuatro modificaciones para ampliarla hasta 2030.
El Tribunal Federal publicó el 3 de enero el acuerdo mediante el cual desechó la demanda hecha por el Gobierno del Estado. La misma instancia admitió el 21 de enero el recurso de reclamación, como respuesta del gobierno estatal.
Reunión para tratar el tema del Puente de Tepalcates
El secretario técnico de Enlace Gubernamental, Nabor Ochoa, explicó que también se busca una reunión con los titulares de dos direcciones generales de la SCT, la de Servicios Técnicos y la de Desarrollo Carretero, para tratar temas relacionados con el Puente de Tepalcates.
El funcionario estatal aseguró que no han encontrado evidencia de que Pinfra haya realizado el reforzamiento de las columnas centrales de dicho puente, como ha expuesto, y se busca que estas áreas técnicas aclaren la situación en la que se encuentra dicha infraestructura y si la concesionaria ha realizado los trabajos de mantenimiento .
Ochoa abundó que la prioridad del gobierno estatal es garantizar la seguridad de los automovilistas que transitan por esta vía, a la cual consideran de importancia para la actividad económica del Puerto de Manzanillo y para el sector turístico.
“La prioridad de este gobierno del estado es el garantizar la seguridad de los automovilistas y sobretodo la integridad física de todos los colimenses. De ahí que esta sea la razón por la que haya enviado una solicitud de reunión de manera urgente con estas áreas de la SCT para aclarar este asunto a tiempo”, refirió el secretario técnico de Enlace Gubernamental.
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Pinfra dio a conocer en noviembre los detalles para la construcción de un puente para sustituir el de Tepalcates, proyecto que fue suspendido de manera total temporal por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a finales del mismo mes.
En diciembre, el director de Concesiones de Pinfra, Manuel Pérez del Toro, indicó que la empresa iba a acatar la ruta jurídica propuesta por el Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en relación con el nuevo Puente de Tepalcates.
