El autor de la caída en Justicia Administrativa prevé que se repita la sentencia en el STJE

Rumualdo García consideró que los juicios de amparo que están en proceso de trámite ante el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Distrito contra la designación de cuatro magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) tendrán el mismo destino que el que promovió para revocar el nombramiento de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

El también director de Proceso Legislativo en el Congreso del Estado señaló que no ve motivos para que el criterio del Tribunal Colegiado cambie en el tema del STJE, pues afirmó que se siguió el mismo procedimiento y no hubo una convocatoria abierta para que los interesados pudieran participar en el proceso de designación, aunque el gobernador Ignacio Peralta y el Congreso del Estado respetaron las leyes locales. Así, de acuerdo con su interpretación, los nombramientos de los magistrados también podrían revocarse.

“En este momento continúan en trámite juicios contra las designaciones de cuatro magistrados del STJE, algunos ya están en el Tribunal Colegiado, ya para su resolución terminal, otros están aún en trámite en los juzgados de distrito, pero en el momento en el que lleguen todos al Colegiado, vendrá la resolución respectiva”, dijo este lunes a Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com.

El Tribual Colegiado resolvió que el nombramiento de los magistrados del TJA fue en contra de la Constitución federal y de los tratados internacionales al no emitir una convocatoria para permitir la participación de todas las personas interesadas. El argumento para impugnar las designaciones en el STJE es el mismo.

 —¿Se entendería que van a seguir el criterio? 

“Sería lo razonable, no veo hasta este momento que pudiera haber una justificación para que este criterio variara. En otros asuntos ya están los casos, los expedientes listos para que puedan dictarse las sentencias”, respondió el funcionario legislativo, al agregar que en su caso está por presentar el recurso ante el Tribunal Colegiado.

García expuso que la resolución del referido Tribunal Colegiado no debería ser motivo de escándalo, pues el objetivo es que se pueda conocer el proceso mediante el cual se eligió a los encargados de impartir justicia en la entidad.

“No veo una razón por la cual escandalizarse. Qué bueno que todos podamos ver que la persona que por ejemplo, me va a impartir justicia en el ámbito administrativo cuando me queje contra un secretario de la administración pública, contra un tesorero municipal, voy a tener al alcance (el) ver el procedimiento de su designación, desde el principio, cuando le hagan un examen de conocimientos, y que aparte queden más que demostradas sus habilidades y sus aptitudes”, precisó.

 Los nombramientos en la Suprema Corte, sin riesgo 

Rumualdo García planteó que el proceso para nombrar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es diferente a los procesos locales, pues se trata de una decisión soberana y discrecional, con parámetros no considerados en la Ley de Amparo.

El funcionario abundó que quienes traten de comparar el proceso que se da a nivel federal con la intervención del presidente y el Senado de la República con el que se da en los estados desconoce de derecho constitucional.

“Algunas personas han tratado de asustar con el petate del muerto diciendo que esto es muy peligroso (…) Son criterios completamente distintos (…) Quien equipara o quien llegue a pensar que un magistrado de un Supremo Tribunal de Justicia es igual a la de un ministro de la Corte, creo que sabe poco de derecho constitucional. En este caso estamos hablando que la Corte es el Tribunal Constitucional del país”, sentenció.

“En el caso de los ministros de la Suprema Corte, tanto por sentencias como por disposiciones de la Constitución, está señalado de forma explícita que sí son decisiones soberanas y discrecionales, por eso decía que no es lo mismo”, acotó García.

El nombramiento de los tres integrantes del TJA ocurrió el 16 de julio de 2018, en tanto que el de los magistrados del STJE ocurrieron el 13 de julio, en el caso de Mario de la Madrid, y el 11 de septiembre, en el caso de Leticia Chávez Ponce, René Rodríguez Alcaraz y Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Los siete fueron propuestos por el gobernador Ignacio Peralta el mismo día en el que fueron nombrados.

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