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Política

¿Es legal perdonar a un alcalde por golpear a su esposa pagando 50 mil pesos?

¿Es legal que penalmente se perdone a un hombre, que es alcalde, el haber golpeado a su esposa, gracias a que le pagó 50 mil pesos, y a que se comprometió a ya no golpearla y a recibir terapia psicológica?

La respuesta sería “sí” si solamente se lee a la letra el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), que marca esquemas de resolución alternativa de conflictos bajo ciertas condiciones que, según algunos expertos consultados por EstaciónPacífico.com, se cumplen en el caso de la acusación de violencia intrafamiliar en contra del alcalde de Armería, Salvador Bueno.

Sin embargo, especialistas con visión de género detectan “omisiones” en el actuar de la autoridad ministerial que pudieron haber generado un desenlace distinto al llegar el asunto a manos de un juez, además de que aseguran que hay tratados internacionales y criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establecen que estos mecanismos alternos de justicia no pueden ser aplicados cuando hay violencia de género.

 La ley a la letra 

El CNPP define en su artículo 191 la suspensión condicional de procedimientos como uno de los mecanismos de justicia alternativa, que busca diseñar un plan detallado para reparar el daño a la víctima y que establece algunas condiciones que, de cumplirse, puedan dar lugar a la extinción de la acción penal.

En su artículo 192, este Código indica que se puede optar por este mecanismo a solicitud del imputado o del Ministerio Público, y establece tres requisitos para que sea procedente este mecanismo: 1) que se impute un delito cuya “pena de presión no exceda una media aritmética de cinco años”; 2) “que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido” (es decir, que la víctima no argumente que su vida corre peligro porque el imputado goce de su libertad, o alguna razón similar); y 3) que “hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión condicional anterior”.

El artículo 195 del referido ordenamiento de aplicación nacional marca algunas condiciones que se tienen que cumplir durante el periodo de suspensión condicional del proceso, entre las que se puede incluir que el imputado esté obligado a dejar de residir en cierto lugar, a dejar de frecuentar a la víctima, someterse a tratamiento psicológico, no poseer ni portar armas, o cualquier otra condición que considere el juez para garantizar los derechos de la víctima.

En el caso del alcalde de Armería, se sabe que el juez de control otorgó una suspensión del procedimiento por seis meses condicionado a que Bueno reciba tratamiento psicológico, a que entregue 50 mil pesos y a que —obviamenteno vuelva a violentar a su esposa, Silvia S., entre otras condiciones.

“Cuando la víctima otorgó el perdón y se cumplen las condiciones que marca el Código, el Ministerio Público no podía negarse ni podía frenar que se diera esta suspensión condicional del procedimiento… No veo ninguna irregularidad en el proceder de la Fiscalía”, señaló un penalista que solicitó omitir su nombre.

 Justicia con óptica de género 

Las organizaciones Centro de Apoyo a la Mujer (CAM) y Fundación IUS Género habían emitido en los días posteriores a la agresión un recurso amicus curiae —opinión técnica— para buscar que la Fiscalía Especializada en Delitos de Género fuera la que continuara con la indagatoria, que aplicara adecuadamente los procesos jurídicos y que diera celeridad procesal al caso. Ahora, ya con la suspensión condicional decretada por un juez, se manifiestan en contra de esta resolución y aseguran que buscarán combatirla por la vía jurídica.

Evangelina Flores, de IUS Género, asegura que, en primera instancia, aplicar la justicia con perspectiva de género debió llevar al juzgador a no olvidar que el Estado mexicano ha signado tratados internacionales y que existen criterios de la Suprema Corte  que establecen que, tratándose de violencia intrafamiliar, no puede haber una conciliación o una mediación.

La activista asegura que, incluso leyendo de manera textual sólo el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), hay elementos para señalar omisiones en el proceder de la autoridad ministerial.

“Es mi entender que hubo lesiones que probablemente ameriten más de dos semanas para sanar, el uso indebido de una arma de fuego y violencia intrafamiliar, son entonces tres delitos”, menciona Flores.

“La suma de los tres por supuesto que supera la media aritmética de cinco años”, detalla la especialista en referencia al artículo 192 del CNPP.

“Si nada más se le imputó el delito de violencia intrafamiliar, por su puesto que alcanzaría el beneficio de la suspensión condicional del proceso, siempre y cuando la víctima dé su anuencia”, agregó, al tiempo que explicó que están pidiendo a la FGE que les informe sobre los delitos que imputaron al alcalde armeritense.

La activista de género puso en duda la validez de la anuencia dada por la víctima, por dos razones: por un lado, no tienen certeza de que haya estado presente en la audiencia de vinculación y creen que su defensor no podía tomar una decisión de esta naturaleza por ella; y por otro porque hay elementos que les hacen sospechar que la víctima ha sido presionada, por lo que su aval a la medida estaría viciado.

“Si realmente el señor no es responsable o así se presume, lo más viable sería que dejara la Presidencia Municipal de manera interina, en lo que se se resuelve de manera oficial, institucional y apegada a derecho”, concluyó Evangelina Flores.

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