La violencia en Colima: Estadística de antes y después del gobierno de Nacho
Colima lleva tres años en una crisis de inseguridad que coincide con el inicio de la administración del gobernador Ignacio Peralta. En este periodo, el estado acumula niveles de violencia homicida superiores a los registrados en los últimos años de gestión de Mario Anguiano y de los poco más de tres meses del interinato de Ramón Pérez Díaz, quienes lo antecedieron.
Tan pronto como febrero de 2016, cuando Peralta rindió protesta al cargo, Colima comenzó a destacar a nivel nacional por su alta tasa de homicidios. Ese mes fue precedido por otros tres que registraron cifras de asesinatos intencionales superiores a las de, por lo menos, los 33 meses anteriores; es decir que el actual gobierno recibió la administración con una tendencia al alza en este indicador —el más usual para medir la violencia.
Los intentos para revertir dicha tendencia han fallado. Pese a altas y bajas, todos los meses de lo que va de este sexenio han cerrado con un número de homicidios dolosos superior a los meses más violentos de su predecesor; incluso el mes con la menor cantidad de casos en el gobierno de Peralta, que fue junio de 2016 con 31, supera cualquier registro de los tres años previos al arranque de la actual administración estatal.
La crisis de homicidios ha alcanzado hasta políticos y altos funcionarios, como han sido los casos del alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez; el delegado de la Sedatu, Jaime Vázquez Montes, y al director de Capdam, Daniel Cortés, así como a policías federales, estatales y ministeriales. El estado ha recibido apoyo de la Federación por medio de un par de operativos especiales con el reforzamiento de la presencia de elementos federales, militares y marinos, sin éxito aún en revertir los índices delictivos.
El papel de la Federación
El director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, afirma que el gobernador Peralta debe enfocarse durante el resto de su administración en construir instituciones de seguridad que permitan al estado estar preparado para enfrentar este tipo de crisis.
“La tarea principal a la que debería abocarse el gobierno estatal es entregar un estado donde se empezó la construcción de instituciones de seguridad propias (…) Lo que debería hacer el gobernador, como un elemento para dejar su huella, sería empezar a construir esas instituciones tan necesarias para los ciudadanos de la entidad, para que puedan contar con las instituciones listas en caso de que haya otro nivel de violencia”, dijo vía telefónica a EstaciónPacífico.com.
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El especialista afirmó que la Federación ha quedado a deber a la entidad al atender el problema en una proporción que consideró menor a la necesaria, por estar en parte relacionada con la delincuencia organizada.
“A pesar de los esfuerzos del estado, la Federación le ha quedado mucho a deber a Colima. Hubo poca presencia de manera proporcional respecto a la crisis que está viviendo la entidad, de fuerzas federales, cuando evidentemente ahí hay también un problema relacionado con la delincuencia organizada. Digo ‘también’ porque no creo que sea el único”, planteó Rivas.
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Durante el gobierno de Peralta se han implementado cinco operativos de seguridad federales, de los cuales hay información sobre el refuerzo con 500 elementos de la Policía Militar en Tecomán en el inicio de 2017, el operativo “Escudo Titán” en Colima, Tecomán y Manzanillo, y el reciente despliegue de 600 elementos federales a la región conformada por los tres municipios costeros de la entidad y Minatitlán.
La actividad delictiva de los últimos 3 años
Colima reportó la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en los últimos tres años: 68.2 en 2016, 93.3 en 2017, y 81.1 en el año que recién concluyó. En 2015, la tasa de homicidios en Colima fue de 22.4 casos por cada 100 mil habitantes.
En este tiempo, las víctimas de estos hechos delictivos han incluido tanto a la gente de a pie como a funcionarios públicos y agentes policiacos.
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Uno de los primeros casos fue el del entonces delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Jaime Vázquez Montes, quien en julio de 2016 fue atacado a balazos a bordo de una camioneta en el Jardín de San Francisco, en la capital colimense. A él se han sumado Daniel Cortés, director del organismo operador de agua de Manzanillo, en agosto de 2017, y el alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez.
El más reciente caso de alto impacto relacionado con esta crisis de violencia en la entidad fue el hallazgo de los restos de al menos 69 personas en 49 fosas clandestinas localizadas en dos predios en la comunidad de Santa Rosa, en Tecomán.
En los tres años anteriores a la llegada de Peralta a la gubernatura ocurrieron la captura, escape y recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales señaladas entre las que se disputan el control del Puerto de Manzanillo, ubicado por Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como el principal factor de disputa de la plaza.
En dicho periodo, el exgobernador Fernando Moreno Peña fue víctima de una ataque a balazos mientras desayunaba en el restaurante Los Naranjos Campestre de la capital colimense, al cual sobrevivió.
En enero, el último mes del que hasta el momento se conocen los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Colima registró 59 casos de homicidios dolosos y la mayor tasa del país, con 7.7 casos por cada 100 mil habitantes.
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