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Seguridad

Mancera explica cómo aportarán los estados a la Guardia, según las leyes aprobadas

El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó algunos detalles sobre la operación de la Guardia Nacional en las entidades y municipios, relacionados con el trabajo que se tendrá que realizar en las policías locales y la aportación económica.

El líder parlamentario señaló que las leyes secundarias para esta nueva corporación, que se aprobaron este martes en el Senado y pasaron para su revisión a la Cámara de Diputados, indican que los gobiernos locales aportarán recursos mediante convenios cuando la colaboración de ésta sea solicitada expresamente por la demarcación, cuyo monto dependerá de su capacidad económica.

Las gobiernos locales que pidan dicha participación, señaló el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, tendrán que fortalecer sus corporaciones por medio de un diagnóstico que incluya homologar y mejorar su infraestructura y la incorporación de tecnología como la implementación del GPS y el registro fílmico en ellas.

“Se cuidó esta parte de la relación en el asunto del fortalecimiento de las policías, también porque en las reformas al Sistema Nacional de Seguridad dejamos claro que hay que hacer un diagnóstico, que se deben fortalecer a fin de buscar la homologación de las fuerzas de las entidades. Por ejemplo, se estableció que en la medida de que se pueda avanzar, que todas las unidades de policía tengan GPS, que cuando se tengan unidades para realizar las tareas de seguridad pueda tener registros fílmicos”, dijo este miércoles a Miguel Ángel Vargas de EstaciónPacífico.com.

“Única y exclusivamente a través de convenio expreso, a solicitud expresa del municipio o del estado, y solamente bajo los parámetros que el Sistema Nacional de Seguridad Pública autorice (…) conforme a la capacidad económica de las entidades”, añadió.

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Mancera aclaró que la Guardia, una de las propuestas más destacadas del Plan de Paz y Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sustituirá las tareas de seguridad de los estados y municipios, sino que colaborará de manera transparente en las localidades.

“Se hablaba de que la Guardia Nacional podía sustituir en las tareas de seguridad a las entidades o municipios. Así sustituir, lo que planteamos, lo que se dejó en el debate de manera clara es que no hay una sustitución, hay una coordinación”, abundó.

Mancera celebró que para la aprobación de las leyes secundarias de la Guardia Nacional se haya logrado un consenso entre los distintos grupos parlamentarios y se haya abierto mesas de trabajo. Mencionó que en éstas se modificó alrededor del 75% del articulado original que proponía el Ejecutivo.

La senadora por Colima Gabriela Benavides (Partido Verde) coincidió en señalar que el despliegue de la Guardia Nacional será en todo el país con el Presupuesto federal y los estados y municipios deberán coordinarse con ellos, en tanto que donde se solicite un despliegue extraordinario para contribuir con las funciones locales de seguridad se acordará un esquema de cooperación financiera.

“No serán los estados ni los municipios los que tengan que pagar por ese despliegue. Se podrá tener una coordinación, y así lo dice la Ley, entre estados y municipios, jamás una subordinación, no va a sustituir al estado ni al municipio en su función preventiva, mucho menos en temas de investigación. La Guardia Nacional es federal y evidentemente podrá celebrar convenios de coordinación especial con algún municipio o estado, y a lo mejor se pacta algún pago”, abundó entrevistada por separado en el mismo espacio radiofónico.

 Uso de la fuerza, fuero y registro de detenidos 

La senadora Benavides resaltó que otros puntos aprobados por la Cámara alta es avalar la creación de una Ley Nacional de Uso de la Fuerza, así como establecer un Registro Nacional de Detenciones, el cual habrá de tener una versión pública para ser consultada por la sociedad.

“Garantizar que ante una manifestación pacífica se prohíba un uso de la fuerza, el exceso en algunas detenciones, y que puedan generar mejores condiciones de respeto a los derechos humanos a las personas detenidas, las que se manifiesten, que en algún momento dado se enfrenten con los elementos de seguridad”, abundó.

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“Toda autoridad, independientemente si es municipal, estatal o federal, deberá registrar inmediatamente a cualquier persona que sea detenida, garantizándole sus derechos, y así se podrá evitar delitos como la tortura, la desaparición forzada de personas”, añadió la senadora.

Benavides explicó que la forma de transferir elementos a la Guardia será por medio de asignaciones a través de un acuerdo con el presidente de la República, pero dichos elementos deberán ser separados operativamente del cuerpo al que hayan pertenecido antes y estarán sujetos al fuero civil.

“(La inseguridad) originó que elementos del Ejército y la Armada estaban en las calles realizando función de seguridad pública, que no estaba permitida dentro de la Constitución para esa fuerza. Se reforma la Constitución y se dice que estos elementos van a poder tener funciones en materia de seguridad pública pero no desde el Ejército o la Armada, la van a tener desde una figura que es la Guardia Nacional a propuesta del presidente de la República y que su mando sea civil.

“La duda de si son militares conservan su fuero militar y si comenten algún atropello contra la ciudadanía no van a ser juzgados en el fuero civil, no: a quien se mande a la Guardia Nacional inmediatamente se separa de su cargo, respetando su antigüedad y prestaciones laborales, y se ingresa a un cargo en materia de la Guardia Nacional, y si comente algún delito, abusa del poder que se le otorga o incurre en algún acto no permitido, será sancionado bajo las leyes civiles”, enfatizó.

La senadora detalló que los elementos de la Policía Militar y Naval convocados a integrar la Guardia sólo permanecerán por cinco años, en tanto se recluta a suficientes civiles, y posteriormente éstos regresarán a la milicia.

Benavides aseveró que aspiran a ver resultados en cerca de dos años, luego de que avaladas estas leyes por la Cámara de Diputados se dé un plazo de entre seis a ocho meses para la organización de la nueva corporación.

“Es un nuevo esquema, y apostamos a que pueda tener buenos resultados. Al Legislativo nos corresponde dar al presidente la herramienta que él mismo solicitó para que pueda tener resultados”, comentó.

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